La secretaria de la Mujer de CC.OO., Carmen Bravo, pidió ayer a los poderes públicos garantias para erradicar de los convenios colectivos cláusulas discriminatorias para las mujeres.
En ese sentido, destacó la necesidad de introducir un nuevo párrafo al artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores en el que se obligue a las autoridades públicas encargadas del depósito y registro de los convenios a velar por el principio de igualdad.
Bravo realizó estas consideraciones en la presentación de unas jornadas organizadas por CC.OO. para analizar qué medidas hay que llevar a cabo en favor de la igualdad de mujeres y hombres en la negociación colectiva en aplicación de la recién aprobada Ley de Igualdad.
'Hay que buscar el consenso y el acuerdo con los empresarios y el Gobierno para procurar la mejora de nuestro sistema productivo con la integración de las mujeres en el empleo, en igualdad de condiciones y oportunidades con los varones', señaló.
Bravo recordó que la tasa de paro femenina duplica a la masculina, que las mujeres tienen mayoritariamente empleos a tiempo parcial 'no deseados', que su tasa de temporalidad rebasa el 30% y que en materia salarial se encuentran por debajo de la media.
Las más afectadas por esta situación son las trabajadoras jóvenes que se incorporan al empleo, pero también las más mayores, que han entrado y salido del empleo de manera interminente y que tienen grandes dificultades para su plena integración en el mercado laboral, entre otras cosas, por los problemas que existen para conciliar vida laboral y familiar.
Para Bravo, es necesario mejorar 'sustancialmente' el procedimiento de control de la legalidad de los convenios colectivos, pues el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores es 'manifiestamente ineficaz'.
La secretaria confederal de la Mujer de CC.OO. denunció además que las diferentes fuentes estadísticas que tienen relación con el empleo son 'insuficientes' y no permiten conocer datos relevantes sobre la igualdad entre mujeres y hombres, conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y protección frente a la violencia de género o la prevención del acoso sexual o por razón de sexo.
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