Los ejecutivos españoles consideran urgente flexibilizar los procesos de despido e indemnizaciones para conseguir un mercado laboral competitivo en España, según se recoge en el informe -La Gestión Empresarial en el año 2007-, elaborado por Burson-Marsteller y la escuela de negocios IESE-IRCO.
Esta medida desplaza, por primera vez en cinco años, a la búsqueda de soluciones alternativas al contrato indefinido como la acción más eficaz para mejorar el mercado laboral, según explicó la directora general de Burson-Marsteller, Carmen Valera.
El informe, elaborado mediante una encuesta a 234 de las mil empresas más importantes de España, cita otras medidas, como el fomento del trabajo a tiempo parcial.
Para el director académico de IESE-IRCO, José Ramón Pin, este resultado es como 'un indicador adelantado' que señala que los empresarios esperan 'perturbaciones' en forma de despidos en el mercado laboral, ya que probablemente los empresarios se vayan a decantar en un futuro por los despidos y no por estimular las contrataciones.
El estudio también analiza el endeudamiento de las familias y empresas -que en 2006 superó el billón de euros- y recoge que el 26,5 por ciento de los ejecutivos advierte de que una deuda empresarial puede provocar un declive de la economía.
En cuanto a la competitividad de las empresas españolas en el mercado nacional, el 32,9 por ciento de los directivos considera que había mejorado frente el 22,2 por ciento indica que había empeorado.
Los pesimistas, sin embargo, son mayoría en el apartado de la competitividad española en el exterior, ya que el 38 por ciento considera que ésta ha empeorado durante 2007, frente al 35 por ciento que considera que va a mejor.
En una línea muy similar a la del último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los consultados sitúan al terrorismo, la inmigración y la modernización de la justicia como las prioridades que el Gobierno tendría que solucionar.
En este sentido, el ochenta por ciento de los ejecutivos indicó que las políticas de inmigración que impulsa el Ejecutivo son 'inadecuadas o muy inadecuadas'.
Así, la mayoría aboga por un mayor control de los flujos de inmigrantes y por fomentar la llegada de extranjeros cualificados.
El informe también recoge que el 69,2 por ciento de los encuestados cree que existe 'poca confianza' en la clase política, y el 18,4 señala que esta confianza 'no existe'.
Sin embargo, más del sesenta por ciento señala que el clima político no influye en absoluto en la buena marcha de la economía, mientras que sólo el quince por ciento creen que afecta mucho.
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