Los trabajadores de la Unión Europea enviados por su empresa a España lo tienen complicado para obtener información sobre sus derechos, a menudo sólo accesible en español o en otra de las lenguas cooficiales en el país, según denuncia un informe de la Comisión Europea publicado ayer.
El caso español no es único, puesto que el informe, que pasa revista al cumplimiento en los Estados miembros de la directiva sobre los trabajadores desplazados de 1996, reparte críticas a la práctica totalidad de los países de la Unión.
Por lo que se refiere a España, la Comisión critica que "no haya una página web" específica para informar a estos trabajadores, aunque admite que los interesados puedan acceder a algunos datos en una guía con información general sobre derecho laboral colgada en la página del ministerio de Trabajo y disponible en español e inglés.
"En esta guía se puede encontrar información sobre los desplazamientos bajo el ilógico título 'Corrección, suspensión y término de los contratos de trabajo", donde se facilita una breve referencia a lo que supone el desplazamiento y las obligaciones para el empresario, indican los autores del estudio.
En el conjunto de la UE y en líneas generales, Bruselas denuncia la falta de cooperación y la "desproporcionada" burocracia que imponen algunas administraciones laborales a los trabajadores comunitarios que llegan a su país.
Alemania y Luxemburgo ya son objeto de procedimientos de infracción por incumplir los términos de la directiva.
La CE anunció que no descarta iniciar otros expedientes contra las administraciones que incumplen la normativa, que nació precisamente con el objetivo de reducir la burocracia y de levantar obstáculos para la libre prestación de servicios en la UE.
España no está dentro del grupo de países sobre los que planea la amenaza inminente de un procedimiento de infracción en contra, según explicaron a Efe fuentes de la CE.
El comisario europeo de Empleo, Vladimir Spidla, señaló en rueda de prensa que si se aplicase correctamente la directiva se estaría "más cerca de la consecución de un libre mercado interior" y recordó que "la movilidad es esencial para hacer frente a la escasez de mano de obra en la UE".
Pese a que Spidla consideró alentadores ciertos "progresos" en materia de libre circulación de servicios, denunció que "no es justo todavía afirmar que todas las medidas de control que aplican los Estados miembros sirven efectivamente para proteger los trabajadores desplazados".
Según el titular europeo de empleo, "hay que encontrar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores, la competencia leal entre empresas y la libre circulación de servicios".
En respuesta al informe, la patronal europea BusinessEurope consideró "injustificable" las medidas de control que establecen algunos países y que, según afirma esta organización en un comunicado, "dificultan la libertad de movimientos de las compañías".
El presidente de BusinessEurope, Ernest-Antoine Silliere, reiteró las bondades de esta directiva que, según él, "crea empleos gracias a que derriba obstáculos a la provisión de servicios transfonterizos".
En la UE, un millón de asalariados trabajan desplazados en otros países miembros.
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