Los sindicatos CC.OO y Csi-Csif se sumaron ayer a las críticas, tal y como ya hicieron recientemente Satse y el Sindicato Médico, debido al sistema de concurso-oposición adoptado por el SAS para la oferta pública de empleo de 2007.
Así, a juicio de CC.OO dicha OPE "no es justa ni plantea criterios objetivos" de selección al incluir pruebas como un examen sobre actitudes y competencias, que la experiencia de las Empresa Públicas Sanitarias, donde se ha utilizado este tipo de pruebas, "ha demostrado que carece de objetividad y es discriminatorio".
Además, consideró que la estructura del concurso-oposición de tres exámenes, un "escaso baremo" para la experiencia profesional y un "elevado baremo" de formación, "pone en peligro la estabilidad de millares de trabajadores contratados", al tiempo que "ha sembrado la inquietud en los centros sanitarios".
De igual forma, calificó de increíble que "se exijan hasta mil horas de formación -casi 170 horas anuales durante los últimos seis años-, cuando ningún hospital o distrito sanitario ofrece a sus trabajadores esa formación anual".
Por último, CC.OO consideró que si dichos criterios se aplican a colectivos como el de mantenimiento o los administrativos, cuya promoción profesional depende de la OPE, "se pone en peligro esa misma promoción". Por la misma razón, opinó que si la misma propuesta se extiende a grupos C, D y E, "el resultado puede ser catastrófico".
Por su parte, el sindicato Csi-Csif ironizó con el hecho de que el SAS aprobase el pasado 5 de Junio la convocatoria de esta OPE una vez "oídas las organizaciones sindicales", por lo que argumentó que dicha aprobación se ha llevado a cabo "con la oposición de todas ellas".
Este sindicato valoró que "por fin" se convoquen las plazas de la oferta pública de empleo de 2004, junto a las de 2007 e instó a la Administración a que en sucesivas OPEs "se sigan con prontitud de sus correspondientes convocatorias de plazas", si bien dijo oponerse al modelo adoptado.
Así, expuso que dicho modelo se ha aprobado "sin participación sindical, ya que se nos presentó un documento cerrado en el que la Administración no ha admitido ningún cambio".
EXTENSIÓN DEL EXAMEN
Junto a ello, explicó que la fase de oposición supone un "cambio radical" en la cultura anterior de selección de personal y que "no es admisible" un examen de cinco horas con 250 preguntas, "sin regular ni tan siquiera períodos de descanso entre las tres pruebas de que consta el examen".
En tercer lugar, mostró su oposición "frontal" a la tercera de las pruebas denominada de evaluación de competencias, "ya que la propia Consejería ha adoptado una evaluación puntual, no relacionada con el desarrollo laboral y realizada por una agencia externa, de la que lo desconocemos todo". Con todo, Csi-Csif mostró su apoyo a las dos primeras pruebas, "ya que se trata de medir el conocimiento y las habilidades de los opositores respecto de la categoría a la que optan".
SIN OFERTA DE GERIATRÍA Y PRUEBAS SUBJETIVAS
De otro lado, el vicepresidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), José Luis Navas, declaro a Europa Press que la OPE "no ofrece una solución al déficit de médicos", además de que "no incluye cuestiones básicas como la creación de la especialidad de Geriatría".
Navas también sostuvo que el Sindicato Médico ya rechazó la OPE cuando se presentó en la Mesa Sectorial de Sanidad por cuanto "no aparecen plazas de médicos de urgencias extra hospitalarias (DCCU), haciendo desaparecer a esta categoría, además de que tampoco contempla la creación de especialidades como la de Geriatría, pese a que cada día aumenta la población andaluza envejecida".
En este sentido, ironizó que desde el SAS "no contemplen como necesario la dotación de médicos especialistas en Geriatría, ya que esta población requiere de unos cuidados muy concretos, y, sin embargo, sobrecargue a los médicos de atención primaria con la realización de chequeos médicos gratuitos a los mayores de 65 años".
En los mismos términos se pronunció Satse, quien también dijo que el sistema de concurso-oposición "se ha impuesto sin consenso" y que la fórmula de oposición elegida por la Administración supone "un atropello" a los profesionales, "a los que se obliga a realizar tres exámenes en cuatro horas y, entre ellos, una prueba subjetiva de la evaluación de la competencia, perjudicando así gravemente los resultados que se puedan obtener".
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