El nuevo código de conducta que Arcelor-Mittal quiere implantar en los centros de trabajo de la multinacional en España, comenzando por los asturianos, levanta ampollas en medios sindicales, un ámbito desde el que ayer, en Avilés, se dejaron oír las primeras palabras críticas con la pretendida norma. Sindicalistas consultados por este diario manifestaron que, a su juicio, el contenido del código vulneraría, en caso de ser aplicado de inmediato, varias leyes españolas, y muy especialmente la Constitución.
Según los interlocutores sindicales, si por algo se caracteriza la pretendida «guía de conductas adecuadas en el personal siderúrgico» es por la «fuerte intromisión de la empresa en la esfera personal de los trabajadores». Para muestra, un botón: «Nos han adelantado que, cuando el código esté en vigor, aquellos trabajadores que quieran ocupar un cargo de representación, que pudiera ser político, debe notificarlo previamente a un supervisor y obtener permiso. Teóricamente, también serían punibles actitudes como la de criticar en público a la empresa, divulgar asuntos de índole laboral, aceptar regalos o, por ejemplo, tener vínculos familiares con personas que trabajen en empresas auxiliares». Así lo dijo uno de los sindicalistas que ayer participaron en La Granda en una reunión convocada por la dirección de la multinacional para presentar el controvertido código y explicar su cometido.
En realidad, según se hizo saber en la reunión, la idea de regirse por un nuevo código ético no parte de Arcelor -que, de hecho, ya cuenta con un decálogo sobre este particular desde hace años-, sino que es una imposición de la legislación bursátil estadounidense derivada de la cotización de la compañía en la Bolsa de Nueva York. De cómo son de estrictos los norteamericanos en materia de «ética en el mundo de los negocios» saben bien los empleados de otras dos multinacionales radicadas en Avilés y con sede en Estados Unidos: Alcoa y Du Pont.
Los responsables sindicales de Arcelor en Asturias salieron ayer de La Granda estupefactos por el resumen que les hicieron del contenido del código de marras y decididos a poner el asunto en manos de los servicios jurídicos. «En vez de "americanizar" una empresa radicada en España como parece pretenderse, vamos a dar la vuelta a la cuestión y exigir la "españolización" de todos los asuntos que atenten o resten derechos a los trabajadores», anunciaron.
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