La Comunitat Valenciana es la autonomía que cuenta con la plantilla de inspectores de centros de servicios sociales más reducida de todo el país. La Conselleria de Bienestar Social sólo dispone de ocho trabajadores en el servicio dedicado a visitar todos los centros de mayores, discapacitados, enfermos mentales, menores, mujeres e inmigrantes.
Esta cifra de inspectores significa que en la Comunitat apenas hay uno por cada 600.000 habitantes. Estos empleados públicos se encargan, entre otras tareas, de vigilar que las residencias de personas mayores y el resto de centros cumplan con las normativas autonómicas; por ejemplo, si disponen de un número de suficiente de trabajadores.
Sin embargo, según han lamentado fuentes sindicales y partidos de la oposición, la Conselleria de Bienestar Social incumple su propia normativa autonómica (la Ley de Servicios Sociales de 1997), que le obliga a contar con un inspector por cada 250.000 habitantes.
De esta manera, la Comunitat Valenciana y sus 4,8 millones de habitantes deberían tener 19 inspectores en lugar de 8. Haría falta duplicar la plantilla actual y sumar otro técnico más.
Los últimos incendios en residencias de la tercera edad han llevado a sindicatos y partidos de la oposición a reclamar un mayor esfuerzo al Consell para aumentar los sistemas de control.
La gran mayoría de los centros y todos los que se abren nuevos son privados y 'en ese tipo de centros se deben de extremar aún más las tareas de control', coinciden fuentes de UGT y CC. OO.
Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT lamentaron que la Conselleria disponga 'de una plantilla tan reducida, no sólo en cuanto a inspección, sino también en términos generales'.
Antoni Femenia, secretario de Servicios Sociales de FSP-UGT, argumenta que no se trata sólo de un problema de Bienestar Social, sino de todo el Consell, puesto que no se crean puestos de trabajo nuevos sino que se eliminan unos para poder convertirlos en otro.
Desde el Comisiones Obreras apuntan que una parte de las empresas dedicada al sector de los servicios sociales 'reclaman más medidas de inspección'. Esto beneficia a las residencias que siguen a rajatabla las normativas (por ejemplo, el número de trabajadores por centro) frente a las que, para ahorrar costes, no cumplan con los mínimos de calidad, explicó Rosana Costa, secretaria de Política Social de CC. OO.Las diferencias con el resto de autonomías en recursos destinados al control de la calidad de los centros sociales llegan a ser enormes.
La Junta de Extremadura cuenta con un cuerpo de 14 inspectores. Esta región tiene poco más de un millón de habitantes: casi 5 veces menos que la Comunitat Valenciana. Al mismo tiempo, cuenta con casi el doble de inspectores.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura explican, además, que esos 14 funcionarios se encargan de inspeccionar únicamente los residencias de personas mayores y discapacitados. En el caso valenciano, los técnicos se encargan de todos los centros dependientes de la Conselleria: también de los centros de acogida menores y de mujeres, enfermos mentales e inmigrantes.
La proporción de inspectores por habitantes de la Comunitat Valenciana (uno por cada 600.000) también es muy superior a la de otras regiones. Por ejemplo, es seis veces mayor que las cifras de Navarra y de Cantabria, según los datos facilitados por el Departamento de Bienestar Social, Juventud y Deporte de la Comunidad Foral y de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno cántabro.
Cada una de estas dos regiones cuentan con seis inspectores; es decir, casi los mismos que la Comunitat pero para cubrir una población de 601.000. Sólo los pueblos de la comarca valenciana de l¿Horta rondan los 675.000.
El Principado de Asturias, con 1,1 millones de habitantes, es la única región que iguala a la Comunitat Valenciana en número de inspectores. Cuenta con cinco para todo tipo de centros y otros tres en exclusiva para residencias de mayores.
La región con el segundo servicio de inspección de servicios sociales más reducido es la Comunidad de Madrid. Dispone de 12 funcionarios, lo que arroja una media de uno por cada 500.666 habitantes, según el padrón de enero de 2006.
La diferencia con Madrid es que su normativa recoge que deberá contar con una plantilla 'suficiente para garantizar el servicio', algo que se cumple en estos momentos, según la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.