Una sentencia obliga a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a desempeñar con personal propio funciones que hasta ahora se habían realizado con personal ajeno al ente, tratándose de una decisión judicial derivada de la demanda que la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT presentó contra el ente público por incumplir el acuerdo que éste alcanzó con el comité de huelga de la empresa en el año 2004.
UGT explicó hoy en un comunicado que este pacto, que permitió desconvocar el paro general convocado para abril 2004, hacía referencia a "la garantía de empleo". "En este sentido, AENA reiteraba explícitamente su compromiso de garantizar el empleo de todos y cada uno de los trabajadores de su plantilla laboral", apunta la nota.
Además, en el pacto de 2004 también se suscribía "el mantenimiento y desarrollo de todas las ocupaciones recogidas en el III Convenio Colectivo" y se dejaba constancia de que "no existía ningún proyecto de externalización de las ocupaciones recogidas en el catálogo aprobado en el III Convenio".
A su vez, el pacto recogía literalmente que "las funciones y tareas que hayan de realizarse y figuren en las fichas de ocupación presentes en el III Convenio se mantengan y desarrollen con personal propio". UGT señala que incluso se programó entonces un proceso de transición para estudiar las asistencias técnicas que se hallaban en aquel momento contratadas y evaluar la posibilidad de efectuarlas con personal propio.
La actual sentencia afecta al expediente de 'Servicios para la colaboración y apoyo en la elaboración y gestión de la información en el ámbito del proceso presupuestario', adjudicado a la empresa Ineco en abril de 2004, después de haber suscrito el acuerdo con el comité de huelga.
En opinión del sindicato, esta sentencia tiene "un enorme valor añadido, puesto que da estabilidad en el empleo y abre las puertas a la creación de más puestos de trabajo en la empresa". "Además, el archivo definitivo de una denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional por otro sindicato permitirá que se lleven a término las más de noventa demandas contra la externalización de servicios que están actualmente paralizadas en trámites administrativos y judiciales previos", concluye el comunicado.
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