Según explicó hoy esta asociación en un comunicado, se han dirigido a este consejero porque es el responsable de la política de personal del Gobierno de Aragón, por lo que su departamento es el que debería impulsar estos criterios que fijen la contratación por parte de las entidades de Derecho Público y de las empresas públicas de la comunidad.
Además de establecer estos criterios, con los que afirman se evitaría la situación actual en la que cada entidad o empresa opta por las fórmulas que considera "más oportunas" en cada caso, la asociación también pide que se configure un órgano supervisor encargado de controlar el cumplimiento y respeto a lo fijado.
Así, remarcan que el Estatuto Básico del Empleado Público, recientemente aprobado, incluye en su ámbito de aplicación a las "entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas".
Por ello, aseguran que las necesidades de personal de este tipo de entidades habrán de atenderse, "al igual que las del conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma", a través de la oferta pública de empleo, según la cual hay que cumplir los requisitos fijados en el propio estatuto.
Si bien las empresas públicas quedan fuera del ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, creen que su carácter público hace necesario que la selección de su personal laboral se realice mediante procesos selectivos basados en los "principios de igualdad, mérito y capacidad".
Según la asociación, dichos procesos selectivos, como se ha podido comprobar con la reciente resolución del Justicia de Aragón a propósito de las contrataciones de personal por parte de la empresa SODEMASA, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, no han logrado asegurar los referidos principios.
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