La Fiscalía solicita 18 meses de prisión por un caso de «mobbing», es decir, de acoso laboral, en la Administración catalana, por el que UGT ya ha reclamado que se depuren responsabilidades, incluida la dimisión de un alto cargo de la Generalitat.
Lo más llamativo es que, por un lado, se trata de la pena más alta pedida hasta el momento en un procedimiento de este tipo y, de otro, en caso de que el juicio termine con condena sería la primera que recibe por estos hechos una entidad pública que, en teoría, debe ser la primera en velar por los derechos de los trabajadores en aplicación de la normativa vigente.
Los hechos que se juzgarán tras el verano se remontan al 2004 cuando, según el relato que hace en su escrito de acusación el Ministerio Público, comenzaron las «intimidaciones» hacia una de las empleadas del servicio territorial de carreteras de esa provincia, dependiente de la Consejería de Obras Públicas catalana desde 1996, por parte de una superiora. Por esa razón, según el documento, la empleada tuvo que acogerse a una baja laboral por acoso moral.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.