La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) presentó una demanda contra la cadena de tiendas Toys R Us acusándola de acoso y trato discriminatorio a un empleado de origen mexicano.
Según la demanda, el trabajador Gregorio Martínez, quien trabajó para esta compañía en el establecimiento que la misma tiene en Puyallup, Washington, fue objeto de chistes vejatorios relativos a su color de piel y actitudes negativas infundadamente atribuidas a los mexicanos.
William Tamayo, abogado de la EEOC que está trabajando en el caso, indicó que a Martínez se le aplicaron calificativos como "basura" y "sucio" refiriéndose al color oscuro de su piel.
Además de comentarios peyorativos, a Martínez se le negó —según Tamayo— una posibilidad de promoción ofrecida a otra empleada de raza blanca menos calificada.
Bob Friedland, portavoz de Toys R Us, indicó que la compañía declina hacer algún comentario al respecto.
Paradójicamente, Martínez fue nombrado "Empleado del Mes" en mayo 2005, y había sido promocionado a un puesto que posteriormente eliminó la compañía.
La EEOC presenta unas 380 demandas anuales, entre las que, según Tamayo, se está observando un aumento de las relacionadas con discriminación racial o abuso a empleados pertenecientes a minorías.
Aunque el abogado desconoce las razones por las que este tipo de abusos está aumentando, señala que podría tener alguna relación con el debate migratorio.
"En torno al mismo se ha despertado mucho sentimiento contra los inmigrantes", dice Tamayo.
Según Joan Ehrlich, directora de EEOC para el distrito de San Francisco, Martínez fue además castigado por quejarse de la discriminación que sufría.
"En vez de hacer cumplir su propia política de empleo y sancionar a los responsables por el hostigamiento y discriminación, los gerentes de Toys R Us castigaron a Martínez por quejarse y luchar por sus derechos", dijo Ehrlich, señalando que Martínez fue injustamente despedido de su empleo.
Tamayo añade que la cadena no quiso llegar a un acuerdo previo. En la demanda se busca el pago por los días de salario injustamente perdidos por el despido, más una cantidad no determinada aún por "dolor y sufrimiento", cuyo límite máximo según la legislación vigente son 300 mil dólares.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.