Las vallas para impedir la inmigración ilegal no son sólo de alambre de espinos. El Gobierno ha comenzado a implantar en los consulados de España -en los países considerados calientes- equipos para hacer pruebas de ADN a todos aquellos familiares de extranjeros asentados en España que pretendan acogerse a la figura del reagrupamiento para conseguir el visado de entrada en nuestro país.
Por el momento, según reconoce el Ejecutivo en una respuesta por escrito a la diputada de IU Isaura Navarro, dichas pruebas se están realizando ya en las oficinas diplomáticas de España en China y Nigeria, y se estudia su implantación en la de Senegal. No obstante, las fuentes consultadas por este diario reconocen que el deseo de las autoridades españolas encargadas de la lucha contra la inmigración ilegal era el de extender a medio plazo las pruebas de ADN a otros consulados españoles en el extranjero, pero se han encontrado con un obstáculo: el elevado costo de su implantación.
No obstante, el Ejecutivo se muestra dispuesto a seguir apostando por este sistema ante los “numerosos intentos de fraude” detectados a la hora de solicitar el reagrupamiento, una figura que permite a un extranjero con residencia legal de un año de antigüedad en nuestro país y que tiene permiso para residir otro año más, solicitar el visado para su cónyuge, descendientes menores de edad y ascendientes dependientes. Según la respuesta parlamentaria del Ejecutivo, se ha descubierto un número elevado de casos en los que “el solicitante se hace pasar por descendiente del reagrupante en España o simula matrimonio con dicha persona o miente para hacerse pasar por menor”.
‘Coladero’ en Gambia y Guinea Bissau
El Ejecutivo asegura que la documentación que se exige a estos inmigrantes para probar los lazos familiares con la persona establecida en nuestro país tiene “a menudo poca fiabilidad” y destaca que en algunos países, como Gambia y Guinea Bissau, es posible “obtener un certificado auténtico pero de contenido falso por pocos euros”. Hasta ahora, el consulado de España en Dakar, de quien depende la concesión de visados de los naturales de Senegal y de los de otros cinco países limítrofes, entre ellos los dos anteriores, ha pedido a los solicitantes “algunos medios de prueba adicionales que permitan avalar lo declarado en la solicitud” pero con escaso éxito.
Así, las entrevistas personales -hay más de 6.000 solicitudes anuales- se han descartado por falta de tiempo y porque muchos de los aspirantes a visado hablan lenguas que no manejan los funcionarios de la oficina. También se realizan desde hace siete años pruebas de osteometría que permiten conocer con un estrecho margen de error la edad del solicitante según determinados parámetros de sus huesos, pero ésta sólo es útil para los que alegan ser menores de edad.
Por ello, el Ejecutivo ha decidido ahora echar mano de las pruebas de ADN con el objetivo de “una más efectiva lucha contra el fraude”, pero también para “evitar denegaciones masivas de las solicitudes de reagrupamiento familiar ante las pocas garantías que ofrece la documentación aportada”. El costo es el único obstáculo para extender esta valla a más países.
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