La Comisión Europea dio ayer un plazo de dos meses a España para que transponga a su legislación nacional dos directivas europeas del ámbito de inmigración y asilo, relativas al respeto de los derechos de las víctimas del tráfico de seres humanos y a la identificación y reconocimiento mutuo en la UE de personas necesitadas de protección internacional. En caso contrario, Bruselas denunciará al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Al igual que otros Estados miembros que tampoco han transpuesto las dos normas, España recibió un dictamen motivado por este motivo, que constituye el segundo paso de un procedimiento de infracción que puede terminar ante el TUE.
Según explica la Comisión, el objetivo de la Directiva sobre las victimad del tráfico humano es luchar mejor contra esta actividad al mismo tiempo que se protegen los derechos de las víctimas. Para ello fija una serie de reglas para los casos en los que estas personas pueden acceder a permisos de residencia en los distinto países de la UE.
Los Estados miembros tenían hasta el 5 de agosto de 2006 para transponerla a sus leyes nacionales, algo que no han hecho todavía España, Alemania, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta y Portugal. Bruselas precisa que Reino Unido, Irlanda y Dinamarca quedaron fuera de la aplicación de esta norma.
Por su parte, la Directiva de cualificación trata de fijar los mismos criterios en la UE para identificar a aquellas personas que necesitan protección internacional, para que se les brinde un 'nivel mínimo' de derechos y beneficios, entre los que se incluye el permiso de residencia, acceso a la educación y al empleo, cuidados sanitarios o unificación familiar.
Esta directiva introduce también un régimen común de 'protección subsidiaria' en la UE para quienes no cumplen los criterios de la Convención de Refugiados pero siguen necesitando protección internacional, por ejemplo, las víctimas de una guerra civil.
El plazo de transposición para esta segunda directiva expiró el 10 de octubre de 2006 sin que 12 Estados miembros la hubiesen asumido. Además de España, los amonestados son Alemania, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, señaló que 'tenemos que trabajar juntos en un enfoque inclusivo hacia la inmigración', para lo que la aplicación 'a tiempo' de los actos legislativos es 'prioritario'.
Por eso, advirtió de que 'independientemente de cuántos Estados miembros no hayan comunicado las medidas para transponer las Directivas, la Comisión les perseguirá'. 'Si es necesario, llevaremos los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE', añadió Frattini.
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