El Tribunal Supremo ha confirmado la concesión de una indemnización de 6.000 euros a un recluta que fue expulsado del servicio militar en 1978 por su condición de homosexual. El recurrente solicitaba una indemnización muy superior, cercana al millón de euros, a causa de las secuelas psíquicas sufridas por el trato vejatorio recibido, pero el alto tribunal ha considerado suficiente la concedida en su día por la Audiencia Nacional.
Pere Carrera alegaba que su mala experiencia durante el tiempo en que permaneció en el servicio militar y la grave discriminación sufrida determinaba una responsabilidad de la Administración en dos ámbitos: el laboral "habiéndole impedido la estabilidad en uno de los ámbitos fundamentales del desarrollo como persona" y el ético-social por la marginación sufrida al constar en un documento oficial un aspecto tan íntimo de su vida.
Carrera padece además secuelas generadas por la experiencia que le provocan continuas depresiones y recaídas físicas. Durante el periodo en que estuvo realizando el servicio militar intentó suicidarse y tuvo que ser hospitalizado.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional destacaba que el motivo reseñado para expulsarle fue el diagnóstico de homosexual que se rectificó posteriormente en 1991 y 1995. Informes médicos señalaban que el recurrente sufrió durante ese periodo una supuesta adicción a las drogas.
Por ello, la Audiencia Nacional establece una indemnización de 6.000 euros como compensación por la expulsión discriminatoria sufrida y no estima procedente indemnizarle por las secuelas padecidas.
DELIRIO CONTRA EL EJÉRCITO ESPAÑOL
Carrera presentó su recurso ante el Supremo invocando como principal motivo que debió apreciarse la existencia de un nexo entre la traumática experiencia del servicio militar con la secuelas psicológicas que sufre y que se traducen en "un delirio contra el Ejército Español".
El alto tribunal considera que no puede llegarse sin más a la conclusión del recurrente de que sus padecimientos son una consecuencia del trato de que fue objeto durante la prestación del servicio militar y destaca que ninguno de los informantes relacionados con el expediente administrativo abierto confirman su planteamiento.
Incluso uno de los doctores que le examinó, perteneciente al Instituto catalán de Salud llegó a decir en el juicio, destaca la sentencia, que "no sabe cuáles son las causas del delirio" y mencionó su supuesta adicción a las drogas.
QUISO QUE EL REY DECLARARA COMO TESTIGO
El recurrente alegaba también indefensión ya que la Sala que estudió su demanda en primera estancia le había denegado la práctica de una serie de pruebas que él consideraba básicas para entender su caso.
La sentencia del Supremo desestima este último motivo al considerar que Carrera pretendía la realización de una amplia testifical que incluía las declaraciones de personalidades como el Defensor del Pueblo "o el propio presidente del Gobierno" y, en aras de "la gravísima y preocupante vulneración de la Constitución" sufrida, solicitaba también que acudiera como testigo el Rey Don Juan Carlos ya que "la actitud de la Administración" estaba causando "graves perjuicios a su persona".
El alto tribunal indica que "las testificales propuestas son impertinentes e inútiles".
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