El futuro de la industria pasa por la unidad de mercado, por la mejora de las interconexiones energéticas, por incrementar la nuclear, por adaptar los contratos a los ciclos productivos y por una fiscalidad más flexible que permita amortizaciones menores en períodos de poca bonanza económica.
Así lo asegura la Comisión de Industria de la CEOE en un extenso informe al que ha tenido acceso EFE y que se titula 'La importancia de la industria en la economía española: problemática y soluciones'.
En cuanto a la situación del sector, se asegura que la industria se enfrenta a la globalización y a una fuerte competencia internacional, razones por las que es necesario establecer un marco favorable para mejorar su competitividad.
Para ello, se advierte, hay que evitar medidas intervencionistas que 'entorpezcan y limiten' la actividad, así como simplificar y dotar de estabilidad a la legislación.
Como ejemplo se cita el que los grandes proyectos industriales requieren, generalmente, de un período mínimo de cinco años para su puesta en marcha, por lo que si la validez de la legislación es corta se complica su materialización.
Sus propuestas las engloba en diez bloques: energía, I+D+i tecnológica, patentes, desarrollo sostenible, cambio climático, protección del medio ambiente, laboral y formación, infraestructuras, fiscalidad y promoción exterior.
En el apartado de energía, la CEOE apuesta por la creación de un Mercado Unico en la UE, por la mejora de las interconexiones con Europa, por mantener e incluso incrementar la aportación de la energía nuclear y porque las tarifas eléctricas para la industria suban lo mismo que para los hogares.
En I+D+i tecnológica plantea que las deducciones fiscales para estas actividades continúen después del 2011 y que se amplíe su catálogo, que se incentive la participación en programas europeos y la permanencia de los investigadores más destacados en España.
En materia de patentes también se piden desgravaciones fiscales para los gastos derivados de su registro y en desarrollo sostenible se demanda que el aspecto económico no se menosprecie en políticas que persigan este fin.
Objetivos coherentes, políticas que no sean unilaterales y potenciar el papel de las tecnologías de la información y comunicaciones (tic) en la preservación del clima, son algunas de las propuestas en lo que afecta al cambio climático y protección del medio ambiente.
En el campo laboral y de la formación, piden que se adapten las modalidades contractuales a los ciclos productivos, delimitar el control judicial en los despidos objetivos, suprimir la autorización administrativa para los expedientes de regulación y adoptar medidas de prevención de procesos de deslocalización.
Asimismo, quieren una rebaja de los costes laborales no salariales (cotizaciones sociales, costes de Incapacidad temporal y despido), reducir los niveles de absentismo, un plan 'renove' de tecnologías e instalaciones y que en los convenios colectivos se pacte un régimen de infracciones para los trabajadores que no cumplan con la prevención de riesgos laborales.
Formación durante toda la vida profesional, promover la cultura emprendedora y facilitar la formación en origen de los inmigrantes, complementan el paquete.
En lo que afecta a las infraestructuras, consideran fundamental la mejora de los accesos a Francia por ferrocarril y carretera, la liberalización de los servicios portuarios, habilitar aparcamientos en el entorno de las grandes ciudades y franjas horarias para el transporte de mercancías por autopistas, autovías y radiales.
Los cambios en política fiscal que ponen sobre la mesa se centran en una flexibilidad 'mucho mayor' del vigente régimen de amortizaciones que permita a las empresas adecuarlas al ciclo económico (pagar más en períodos de bonanza y al contrario).
Finalmente, en promoción exterior se decantan por destacar la 'Imagen España', por reforzar los planes de internacionalización y por la liberalización mundial del comercio.
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