La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA) denunció ayer en San Salvador una serie de abusos en contra del sindicato de la planta atunera del español Grupo Calvo que opera en el país centroamericano.
El secretario para América Latina de la UITA, Gerardo Iglesias, dijo en declaraciones a Acan-Efe que "estamos aquí, preocupados por la situación en la planta procesadora de Calvo, le estamos dando seguimiento a lo que está aconteciendo desde hace varias semanas".
Explicó que la empresa ha incurrido en el "despido arbitrario" de tres personas, entre ellas una de las fundadoras de un sindicato formado recientemente en la empresa, así como "todo tipo de persecución e intimidación a través de los cuerpos de seguridad que están en la planta".
Agregó que "lo último que desborda el vaso de atrocidades es que colocaron un polígrafo al ingreso de la planta para preguntar a las compañeras y compañeros si estaban afiliados al sindicato".
Iglesias, uruguayo, afirmó que desde hace unos días han activado una "campaña mundial" con las organizaciones afiliadas para que hagan pública su "preocupación" por la situación que viven los empleados de la conservera española en El Salvador.
La fuente manifestó que tal situación no se registra en las plantas de la empresa en España y Brasil por lo que piden que Calvo "respete los derechos sindicales, las libertades de sindicatos y los derechos humanos (en El Salvador), igual que lo hace" en otros países.
En los países mencionados, "las relaciones obrero patronales son normales y los trabajadores están bajo la cobertura de un convenio colectivo", subrayó Iglesias.
La planta procesadora de Calvo opera desde 2002 en la ciudad portuaria de La Unión, a 183 kilómetros al sureste de San Salvador.
La compañía atunera, una de las más importantes del mundo, despidió en junio de 2006 a un total de 600 trabajadores ante la amenaza de que el país perdiera los beneficios que otorga el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para exportar a la Unión Europea (UE) libre de aranceles.
El Salvador no había ratificado dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la libertad sindical y la contratación colectiva, exigidos por la UE para la extensión del SGP.
Sin embargo, el requisito fue cumplido por el Gobierno salvadoreño dos meses después del recorte de operaciones que hizo la compañía, en previsión de un cierre total de operaciones.
Manuel Calvo, consejero delegado de la compañía, aseguró en febrero de este año que la empresa volvió a contratar el mismo volumen de personas que habían sido despedidas y que proyectan a corto plazo posicionarse mejor en los mercados del continente americano.
Consultada por Acan-Efe sobre las denuncias de la UITA, la empresa rechazó de forma rotunda "las repetidas acusaciones vertidas (…) de una presunta represión sindical".
En una comunicación escrita, Calvo El Salvador sostiene que "muy por el contrario reafirmamos nuestro compromiso e interés de velar por el bienestar de los trabajadores".
Según la empresa, su política laboral "está, y ha estado marcada en todo momento, por el cumplimiento estricto de las leyes de aquellos países en los que opera".
Sostiene que "las autoridades salvadoreñas ya han reconocido en ocasiones anteriores que el Grupo Calvo no solo cumple, sino que incluso supera las normas laborales vigentes" y enumera una serie de beneficios adicionales que reciben los empleados referidos a salario, transporte, alimentación y programas de becas para los hijos de los obreros.
Grupo Calvo, según la nota, "manifiesta su voluntad de permanecer al margen de cualquier intencionalidad política o de otra índole, que pudiera haber detrás de este tipo de acusaciones sin fundamento".
Iglesias dijo que lo que "estamos exigiendo es lo que el país ha ratificado", al tiempo que pidió la contratación de los tres despedidos y que la empresa acepte negociar un contrato colectivo con el sindicato.
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