El paro generado por las empresas que utilizan de forma desorbitada los contratos temporales costó 6.500 millones de euros en 2006, según un informe del Ministerio de Trabajo. La cifra es inadmisible para el secretario general de Empleo, Antonio González, quien descarta que el abaratamiento del despido sea la panacea del mercado laboral. Recuerda, como prueba de la situación vivida, que la reforma impuesta en 2002, por el Gobierno de Aznar, impulsó los despidos al abaratar su coste y no redujo la temporalidad ni trajo más estabilidad. En consecuencia, señala que es preciso evitar procesos similares.
Los cambios de 2002 se impusieron por decreto. Hubo huelga general en junio y rectificación del Ejecutivo (incluido cambio de ministro), pero el coste del despido bajó.
A partir de ese momento, los empresarios se ahorran los llamados salarios de tramitación si, en caso de desacuerdo con el trabajador expulsado, depositan la indemnización en una cuenta corriente. Antes, cuando el fallo del tribunal era en su contra, tenían que pagar las retribuciones del afectado desde el aviso de la ruptura laboral hasta la publicación de la sentencia. En muchos casos, estos salarios superaban la indemnización por despido. Desde entonces, el número de trabajadores echados de las empresas que ha accedido a las prestaciones contributivas (inmediatas al cese de la actividad) de paro ha aumentado un 27%, al pasar de 565.902 (2002) a 720.385 (2006).
El principal incremento se registra en los despidos improcedentes, donde el crecimiento es elevadísimo, de un 1.574%, al subir de 14.341 (2002) a 240.188 (2006). Por el contrario, las rupturas que terminan en los Juzgados, se han reducido un 79%, al bajar de 151.607 (2002) a 32.244 (2006).
“Toda esta reestructuración del despido no sirvió para crear más y mejor empleo”, lamenta el representante del ministerio.
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