Varapalo para la economía de Huesca capital. El cierre de la factoría de Mildred es definitivo. Ayer se lo comunicaron a los trabajadores afectados, después de meses en los que se ha intentado salvar la actividad. La única solución posible pasaba por que otra empresa comprara la fábrica. Ha sido lo que se ha intentado, pero sin éxito. Así lo indicaba ayer la comisión liquidadora designada por el juez que tramita el proceso concursal solicitado por Mildred tras la suspensión de pagos que presentó en su día.
La desaparición de esta planta supone un serio revés para la economía de la capital oscense y para su mercado laboral. De golpe, desaparecen cuatrocientos empleos.
Una vez que se da por perdida cualquier posibilidad de mantener abierta la fábrica, la comisión liquidadora presentará hoy mismo ante el juez la propuesta para la extinción de todos los puestos de trabajo.
Responsabilidades políticas
La crisis de Mildred se arrastraba desde hacía meses. En todo este tiempo, han sido varias las declaraciones de responsables políticos que daban esperanzas a la continuidad de la fábrica. Ahora, desde Comisiones Obreras se alzan voces exigiendo responsabilidades. La responsable de CC.OO. en la provincia de Huesca, Arancha García Carpintero, afirmaba que pedirán responsabilidades «si se demuestra que la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales llevó a que se produjeran mentiras», ante algunas declaraciones que eran optimistas sobre el futuro de la factoría.
UGT, sin embargo, no coincide en este criterio con Comisiones Obreras. El secretario provincial de UGT, Ángel Laguarta, insistía ayer en que, antes de pedir responsabilidades entre los políticos, debía «conocer las explicaciones de unos y otros». Entre esos «unos y otros» están el consejero de Industria del Gobierno aragonés, Arturo Aliaga, y el consejero de Economía, Alberto Larraz.
Según la comisión liquidadora, los intentos por vender la fábrica de Mildred han fracasado porque, si bien había potenciales compradores, no estaban dispuestos a asumir íntegramente la plantilla de 400 trabajadores, que consideraban que era excesiva para el plan de producción de la factoría. La comisión liquidadora, por su parte, se negaba a vender la empresa de forma fragmentada, según explicaron ayer a los representantes de los trabajadores.
Ahora, a los afectados les quedan las indemnizaciones, pactadas ya en abril entre los sindicatos y la comisión liquidadora. Cobrarán a razón de 33 días de salario por año trabajado. Según los sindicatos, de los 400 trabajadores afectados, unos 120 ocupan ya otros empleos, en su mayor parte eventuales y vinculados a la hostelería.
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