La huelga de ambulancias, que cumplió el pasado miércoles tres meses, ha provocado la suspensión de más de 49.025 traslados sanitarios en Canarias en este periodo, además de continuos retrasos en el transporte de los enfermos incluidos en los servicios mínimos, como son los pacientes de hemodiálisis, y el despido de 22 tra- bajadores.
Según informaron a este periódico fuentes de la empresa pública responsable del servicio, Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC), en estos 90 días de paro una media diaria de 415 pacientes, en Tenerife, y 510, en Gran Canaria, la mayoría de rehabilitación, han visto cómo se suspendía el transporte que debía llevarles hasta el centro donde reciben sus respectivos tratamientos.
De hecho, según informaron fuentes del Hospital Universitario de Canarias, el servicio de Rehabilitación del centro ha dejado de recibir durante todo el tiempo en que ha durado el conflicto a la mitad de sus pacientes, problemática que se puede trasladar al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Hospitales que, cuando se restablezca el servicio, sufrirán un considerable aumento de sus respectivas listas de espera para rehabilitación, cómo ya ocurrió en la huelga de 2004.
Dejando a las verdaderas víctimas de este conflicto a un lado, tanto empresarios como representantes sindicales han denunciado durante estos tres meses de conflicto prácticas "vandálicas", los primeros, y "antisindicales", los segundos. Así, mientras la patronal cifra en más de 600.000 euros los daños provocados a las ambulancias por parte, según dicen, de los huelguistas; que, en voz de sus representantes sindicales, no sólo han negado su participación en estos actos, si no que incluso los han condenado.
Mientras, desde el principal sindicato convocante, CCOO, han criticado los 22 despidos y las más de 100 sanciones que se han producido en este periodo de enfrentamiento, cuya nulidad han situado en la primera línea de sus reivindicaciones y como condición sine qua non para llegar a un acuerdo. Exigencias en las que además incluyen la homologación salarial con el resto del país y la reducción de las horas de prolongación de jornada.
El laudo que no llega
Los paros han cumplido tres meses en medio de una calma tensa surgida después de que el pasado 6 de julio la Dirección General de Trabajo decidiera iniciar los trámites para aprobar un laudo de obligado cumplimiento que pusiera fin al conflicto. Determinación que todas las partes esperaban que se tomara el pasado miércoles en el primer Consejo de Gobierno presidido por Paulino Rivero. Sorprendidos de que este asunto no fuera incluido en el orden del día, patronal y sindicatos se mostraban ayer deseosos de que finalice el conflicto. Aseguraron que si no se firma la paz antes de que acabe el mes, habrá que esperar a septiembre para solucionarlo debido al parón que se produce siempre en agosto.
Para el secretario general de la Asociación Regional de Empresarios del Transporte Sanitario (Artea), Eugenio de Armas, "forzosamente" en esta semana tiene que haber un movimiento que desbloquee la actual situación, cambio que podría producirse la próxima semana, cuando vuelva a reunirse el Consejo de Gobierno. No obstante, tanto los representantes de la patronal como el secretario de Organización de CCOO, Miguel Borredat, subrayaron su disposición a llegar a un acuerdo que haga innecesaria la mediación de un árbitro que imponga el laudo.
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