El sector hostelero está siendo objeto de un riguroso control laboral por parte de la Inspección de Trabajo. La campaña de verano no es nueva, pero introduce este año un elemento nuevo: el factor sorpresa. Los inspectores, muchas veces auxiliados por la Guardia Civil o la Policía Nacional, trasladan a la noche las visitas para pedir al empresario toda la documentación relativa a la plantilla. Las actas de infracción se están multiplicando, según fuentes laborales consultadas, lo que no hace sino confirmar la denuncia del sindicato UGT sobre que el negocio de bares y restaurantes sufre un fuerte incremento del empleo irregular, especialmente durante los meses de verano.
Las últimas de estas visitas se han desarrollado durante esta misma semana en los negocios hosteleros de las zonas costeras turísticas de El Campello y Playa de San Juan. Según ha sabido este diario, las labores de los inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social (que forman varios equipos distribuidos entre Dénia y Pilar de la Horadada) han formado cierto revuelo entre el sector hostelero, cuyos responsables alertaron a finales de junio de que estas inspecciones masivas iban a producirse este año con mayor intensidad. Un hecho que, además, viene a subrayar que el propio sector reconoce la existencia de mano de obra irregular.
Los funcionarios del Ministerio de Trabajo no están limitándose al control del empleo ilegal de extranjeros, sino que profundizan en el de españoles. Las actuaciones de los inspectores se produce con total discreción para alterar lo menos posible el desarrollo del negocio durante días que son punta en el sector turístico. Pese a ello, son requeridos los encargados o empresarios directamente no sólo para que aporten la documentación solicitada (TC 1 y TC2 de la Tesorería de la Seguridad Social), sino también para la firma del acta de inspección. En muchos casos, los inspectores tienen que señalar la visita próxima de los empresarios de los establecimientos en los locales del Ministerio de Trabajo, en la calle Lorenzo Casanova de Alicante. Pese a la discreción con la que se presentan en los negocios hosteleros los inspectores y subinspectores de Trabajo, en algunas ocasiones auxiliados por las fuerzas de seguridad con carácter preventivo (en el caso de tratarse barras americanas o algunas discotecas), la molestia del empresario en plena campaña es inevitable, ya que tiene que firmar el acta de la visita realizada en su establecimiento.
'Un objetivo claro'
De la rotundidad inspectora del Ministerio de Trabajo alertó a principios de mes el presidente de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), Pedro Reig, cuando presentó en la Cámara de Comercio el nuevo lobby de las pymes creado para reivindicar más peso en Coepa y actuar de manera más autónoma respecto a la patronal. Reig dijo que el sector de los servicios alicantinos tenía información de que el Ministerio tenía al sector 'en el ojo del huracán', según citó textualmente. 'Los inspectores vienen a la costa con un objetivo claro, por lo que tenemos que informar a todos los asociados de la necesidad de tener a toda la gente en regla', añadió. Admitió que, parcialmente, algunos empresarios tienen empleados sin contratar, incluidos inmigrantes. En este caso, si el inspector laboral descubre a un extranjero sin la documentación en regla en el centro laboral, la sanción administrativa alcanza los 6.000 euros por cada empleado sin papeles, en aplicación de la vigente Ley de Extranjería.
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