El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del secretario general de Empleo, Antonio González, se ha comprometido con los representantes de los 1.800 trabajadores afectados por la quiebra de Sintel a agilizar el pago del 55% (12,02 millones de euros) de las indemnizaciones aprobadas en el acuerdo de quiebra alcanzado en agosto de 2001 con el entonces Gobierno del PP y que todavía están pendientes de abonar, según confirmó a Europa Press el representante de los trabajadores, Valeriano Aragonés.
De esta forma, "tan positiva", según Aragonés, culmina la primera fase de investigación e información de las negociaciones iniciadas con Trabajo el pasado mes de mayo con la finalidad de concretar un plan social que dé cobertura definitiva a los trabajadores afectados por la venta y posterior quiebra, en 2001, de la filial de Telefónica.
Asimismo, los empleados de Sintel tratarán de que el Gobierno se comprometa a hacer frente al pago de los 10,8 millones de euros pendientes e incluidos en la masa de la quiebra que contemplaba el plan de pensiones aprobado en el acuerdo de 2001.
"La agilización se hará a través de la comisión liquidadora de Sintel", explicó Aragonés. Los miembros del Gobierno presentes en la negociación se han comprometido a influir en dicha comisión a través de los representantes del Ministerio de Trabajo, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
La primera fase de las negociaciones dejó pendiente de concretar el paquete de medidas sociales que los afectados solicitan al Gobierno con el objetivo de dar cobertura a los trabajadores teniendo en cuenta las diferentes circunstancias. "Pedimos que se concrete un plan que contemple cursos de formación, prejubilaciones y reinserciones laborales, donde la empresa Sintratel puede jugar un papel importante", apuntó Aragonés.
Las negociaciones se reanudarán el próximo 15 de septiembre con el objetivo de tener sobre la mesa "un documento válido de aprobación que resuelva todos y cada uno de los temas pendientes" y que se pueda someter a aprobación "antes de que finalice el año 2007", concluyó el representante de los trabajadores.
ULTIMAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, practicó ayer las que podrían ser las últimas diligencias dentro de la fase de investigación de la causa, iniciada en 2001, que juzga a los ex responsables de Sintel por un presunto delito de insolvencia punible por la venta y posterior quiebra de la empresa.
"La causa está procesalmente terminada", según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas al caso. Las mismas fuentes indicaron que el juez ha dado por terminada la instrucción y se espera que las partes presenten sus escritos de acusación "a finales de septiembre". Anticorrupción ya presentó el pasado mes de mayo un escrito con carácter previo al auto de imputación judicial y la solicitud de apertura de juicio oral, donde detalló la lista de acusados.
Durante la mañana de ayer comparecieron el consejero delegado de Sintel y ex presidente de MasTec Internacional, empresa que compró la filial de Telefónica, José Antonio Casanova, y el vicepresidente de Sintel y ex presidente de MasTec Internacional durante la misma época comprendida entre 1997 y 2000, Ricardo Campos.
Los imputados incurrieron en contradicciones al explicar dos transacciones por valor total de 870.000 euros que salieron de Sintel con destino a la sociedad Patllari, propiedad del empresario Pedro Casals Aldama, también imputado. Campos explicó que las supuestas comisiones se realizaron en respuesta a un contrato de asesoramiento firmado entre las dos empresas, cuyo documento está aportado a la causa. Por su parte, Casanova declaró que los pagos se realizaron para "facilitar los cobros con Telefónica", según fuentes jurídicas.
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