La titular del juzgado de instrucción número 1 de El Prat ha reducido a una cincuentena el número de trabajadores imputados por la invasión de las pistas del aeropuerto barcelonés, de la que mañana se cumple un año, y ha archivado las diligencias contra los otros 150 empleados que fueron interrogados por la Guardia Civil.
Fuentes judiciales explicaron a EFE que la cincuentena de trabajadores a los que mantiene imputados el juez son los nueve que fueron detenidos el mismo día de los hechos y otros que fueron grabados por las cámaras de televisión cuando participaban en la protesta.
Pocos días después de la invasión de las pistas, en la que participaron entre 200 y 300 trabajadores del servicio de tierra de Iberia, el juzgado abrió diligencias previas por el colapso que se originó en el aeropuerto, a raíz del atestado elaborado por la Guardia Civil y las denuncias presentadas por algunos pasajeros perjudicados.
Desde entonces, la juez ha ordenado a la Guardia Civil que interrogara como imputados a cerca de 200 trabajadores de Iberia, la mayoría de ellos del turno de mañana y operarios de las máquinas de transporte de equipajes, para esclarecer su participación en la protesta, declaraciones que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos meses.
Una vez concluida la ronda de interrogatorios, la juez ha acordado mantener la imputación sólo contra una cincuentena de empleados, los que considera que existen indicios de su presunta participación activa en el bloqueo de las pistas del aeropuerto, que obligó a cancelar unos 600 vuelos y afectó a 100.000 viajeros.
Los 50 trabajadores imputados, a los que se acusa de los delitos de sedición, desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad y alteración grave del orden público, han sido identificados en las imágenes de la invasión grabadas por distintas cadenas televisivas que cubrieron la protesta y la filmación de algunas cámaras de seguridad del aeropuerto.
Dichas imágenes fueron solicitadas a los medios de comunicación por el juzgado con la finalidad de averiguar quienes de los trabajadores de Iberia interrogados, la mayoría de los cuales se acogieron a su derecho a no declarar, habían intervenido en la movilización.
Además de la investigación judicial en curso, la compañía Iberia suspendió de empleo y sueldo a 59 trabajadores presuntamente implicados en la ocupación de las pistas, a los que identificó mediante una investigación interna realizada por la compañía a través de vídeos.
El más grave de los delitos que se imputan a los manifestantes es el de sedición, que castiga con penas de hasta ocho años de prisión a las personas que 'en aeropuertos o aeron
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