"¡Hay que acabar con la impotencia de los poderes públicos!", clamaba el candidato Nicolas Sarkozy. "Lo que he prometido, lo hago", asegura ahora el presidente de Francia. Y si el pasado mes de abril garantizaba que "los transportes públicos funcionarán tres horas para poder ir al trabajo y tres horas para regresar de él [pues] es inaceptable que los franceses sirvan de rehenes durante las huelgas", ahora la Asamblea Nacional se dispone a aprobar -mañana, 2 de agosto- una ley llamada de "servicios mínimos" que, en realidad, se denomina "ley sobre el diálogo social y la continuidad del servicio público en los transportes públicos terrestres". Los sindicatos franceses lanzaron ayer una jornada de movilizaciones y anunciaron un "otoño caliente".
Entre 1.000 y 2.000 mil sindicalistas se concentraron ayer ante la sede de la Asamblea Nacional en París; unos 300, ante las prefecturas (delegaciones del Gobierno) de Toulouse y Lille, y unos 500 en la de Marsella… La jornada de lucha contra la ley que pretende instaurar "servicios mínimos" en los transportes públicos franceses -una medida que ya existe en las instalaciones nucleares y en hospitales públicos- tuvo escaso éxito.
"Teníamos que mostrar nuestra desaprobación", dijo el portavoz del sindicato Fuerza Obrera, al tiempo que admitía que "no resulta fácil movilizar en un 31 de julio". Para el líder de la central CGT, Bernard Thibault, "ya comienzan a sumarse los motivos de descontento, y el verano no arreglará nada. Es evidente que en otoño habrá conflictos".
A los representantes de los transportes públicos también se sumaron ayer los delegados del sindicato de periodistas -inquietos por los proyectos que comienzan a filtrarse sobre el futuro de la televisión y la radio públicas- y líderes sindicales de la enseñanza: los profesores indignados desde que el primer ministro, François Fillon, anunciara que los "servicios mínimos" también deberían aplicarse a los educadores.
Al renunciar a organizar ayer desfiles multitudinarios -puede que fuera de sus posibilidades reales de movilización en estas fechas- los sindicatos se limitan por ahora a quejarse en público y en voz alta por una reforma cuyo alcance es todavía impreciso y, en cualquier caso, no instaura realmente "unos servicios mínimos".
Las concentraciones sindicales han sido un simple gesto para la galería, pero pueden radicalizarse en otoño, cuando, tal y como augura Thibault, se "sumen" las razones de descontento, entre ellas, no cubrir todos los puestos de funcionarios que se jubilan.
La diferencia entre lo prometido y lo votado es hija de la voluntad de confusión de Sarkozy. Su idea de imponer unas horas mínimas de funcionamiento, acompañada de la presencia en el puesto de trabajo de los funcionarios correspondientes, ha sido abandonada por otra alternativa: ahora cada trabajador del sector del transporte público tendrá que comunicar a su empresa, con una antelación de dos días, su voluntad de hacer huelga. O de no hacerla, claro. Y si la huelga dura más de una semana, entonces será obligatorio ratificar la continuidad de los paros mediante voto secreto. Por último, los diputados de la mayoría conservadora quieren que quede radicalmente prohibido el abono de los días de huelga.
Para los sindicatos, el preaviso de 48 horas para participar o no en una huelga es visto como una forma ilegal de control de la actividad de los trabajadores. Los partidos de izquierda ya han anunciado que recurrirán la ley ante el Consejo Constitucional.
La nueva ley, sin embargo, no garantiza la existencia de los servicios mínimos. Por ejemplo, si el 50% de los trabajadores de los ferrocarriles o del metro de París, decide ir a la huelga, no habrá manera de asegurar a los viajeros que los servicios para ir al trabajo. De entrada, porque muchas líneas necesitan de la presencia del 90% de su plantilla para funcionar. Además, nada lleva a pensar que el 50% de los huelguistas se distribuirá uniformemente entre todos los sectores.
Para la derecha, el problema real es el fantasma de las huelgas del otoño de 1995 que derribaron el Gobierno de Alain Juppé y llevaron a los socialistas al poder en 1997. Entonces, durante un mes, ferroviarios y trabajadores del metro y autobuses de la capital paralizaron la economía.
Desde 1995, la situación ha cambiado de manera sustancial. En 2006, sólo se perdieron un 0,13% de horas laborales en los ferrocarriles estatales SNCF a causa de huelgas. Los mecanismos de prevención de conflictos parecen funcionar mejor ahora, y los sindicatos saben que el 70% de los ciudadanos es favorable al establecimiento de "servicios mínimos".
El presidente francés dejó también ayer clara su intención de cumplir cuanto antes otra controvertida promesa electoral, que en este caso supondría una revolución. En Dax, al suroeste del país, Sarkozy anunció el fin de la gratuidad total de la sanidad pública.
Con el objetivo, subrayó Sarkozy, de crear un fondo para la investigación del Alzheimer, el cáncer y otras enfermedades, todos los pacientes deberán pagar 50 céntimos cada vez que visiten un médico de la sanidad pública, otros 50 céntimos cuando se les prescriba un medicamento y dos euros cuando utilicen transporte médico, como por ejemplo una ambulancia. Si prosperan los planes del presidente, las familias pobres quedarán exentas del pago y se fijaría un tope de 50 euros por persona y año.
UNA LEY POLÉMICA
La norma estipula que el transporte público funcione, si hay huelga, tres horas por la mañana y otras tres por la tarde
Cada trabajador del sector del transporte deberá comunicar su voluntad de parar con
dos días de antelación
Si el paro dura más
de una semana, será obligatorio ratificar la continuidad de los paros mediante voto secreto
El primer ministro, François Fillon, pretende que la ley también se aplique a los educadores de escuelas e institutos
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