El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, avanzó ayer que los expedientes de los menores marroquíes que se encuentran en España están "prácticamente finalizados", y que "una vez completos", Marruecos aceptará su repatriación.
Recordó que hace tres semanas, en un encuentro bilateral en Toledo, Marruecos se comprometió a aceptar a los menores repatriados cuyos expedientes estén acabados y, por ello, "estamos trabajando en completarlos".
Sin embargo, la legislación española es "exigente" y los expedientes tienen que recibir el visto bueno de la Fiscalía, para garantizar que el retorno se hace con todas las garantías y en un entorno donde se proteja los derechos del menor, explicó Caldera.
Por ahora, "ya hay un número importante de expedientes que están prácticamente finalizados", por lo que las repatriaciones se harán "de forma inmediata" y "con todas las garantías".
Además, el Gobierno va a trabajar también para que sea posible repatriar también a los menores de Ceuta y Melilla, avanzó.
El ministro también se refirió al acuerdo que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha suscrito en Ecuador y que pretende favorecer el retorno de los ecuatorianos a su país.
Ese acuerdo permitirá que en España queden empleos vacantes que podrán ser cubiertos por otros, y beneficiará a Ecuador porque, una vez allí, y con ayuda del gobierno ecuatoriano, los que regresen recibirán microcréditos con los que podrán abrir negocios.
Preguntado por la afluencia de pateras a las costas españolas, Caldera destacó que los acuerdos que el Gobierno está suscribiendo para regular los flujos migratorios -también en el norte de África- están dando sus frutos, por lo que la llegada de cayucos se ha reducido el 60 por ciento este año y el 80 por ciento en agosto.
Caldera hizo estas declaraciones tras visitar el Centro Estatal de Referencia de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), un centro con capacidad para 90 personas "muy moderno y pionero en Europa", especializado en la atención a personas con daños cerebrales.
Explicó que la mayoría de los internos de este centro son jóvenes que han sufrido un accidente de tráfico (cada año más de 500 quedan en silla de ruedas) o un accidente laboral o vascular.
El tiempo de estancia media de las personas que ingresan en este centro para someterse a un proceso de rehabilitación ronda los 10 o 12 meses y la estancia máxima es de 18 meses.
Este tipo de centros, subrayó Caldera, son "la gran conquista de la Ley de Dependencia", que ha hecho posible que la atención a los dependientes sea un derecho universal, de hecho, avanzó, ya hay otros tres centros en marcha, uno en San Andrés de la Rabaneda (León), en construcción, otro en Langreo (Asturias) que comenzará a construirse este año, y otro en Sevilla, ya "bastante avanzado".
Junto a la atención y rehabilitación de los discapacitados, el Gobierno también trabaja en fomentar la inserción laboral de este colectivo, y el Estado va a destinar este año 500 millones de euros para bonificar a los empresarios que contraten a personas con discapacidad.
Además, recordó que en junio el Consejo de Ministros aprobó un decreto para implantar la figura de los "tutores" que ayudarán a la reinserción laboral de los discapacitados.
Para ello, las empresas recibirán "importantes beneficios económicos" repartidos en bonificaciones o subvenciones directas que podrán llegar hasta 10.000 euros al año, explicó Caldera.
Con estas iniciativas, añadió, estamos consiguiendo "aumentos muy notables de empleo en este colectivo", y mientras la tasa de empleo global está en el 3,4 por ciento, la de los discapacitados ronda el 15 por ciento, destacó Caldera.
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