Los 1.338 operarios del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) de la Consellería de Medio Rural fueron convocados el viernes por los sindicatos CC.OO. y CSIF a cuatro nuevas jornadas de huelga (días martes 21, jueves 23, martes 28 y jueves 30) tras asegurar que no han obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica a su petición de reapertura de la negociación laboral.
Después de una negra campaña de verano en 2006, los efectivos amenazan con retomar los paros -tras los realizados durante las jornadas del 9 y 31 de julio- con la vuelta de los calores de agosto. Los templados y húmedos junio y julio dejaron paso en las últimas semanas a los primeros rayos, y justo en el momento en que Galicia afronta la etapa más alarmante de su estío, los efectivos deciden comenzar el pulso con el gobierno de la Comunidad.
'No nos queda otra salida', aseguraban los representantes de las organizaciones convocantes en una rueda de prensa celebrada en Santiago de Compostela. Emilio Doforno (CC. OO.) y Juan Carlos Rivas (CSIF) colocaron la pelota sobre el tejado del gabinete presidido por Emilio Pérez Touriño, así como de la propia Consellería de Medio Rural. 'Esto es evitable. En sus manos está evitar estas jornadas de huelga, siempre que la Xunta responda positivamente a la llamada de la mayoría de los sindicatos y al sentido común', explicaron. ¿Cómo? Pues reabriendo esa mesa de negociaciones.
Los representantes de los operarios del SPDCIF llegaron a tachar como 'irresponsable e intransigente' la actitud del conselleiro Alfredo Suárez Canal, al que acusan de prolongar el conflicto con los trabajadores en los últimos 20 meses. Hasta el punto de que el anuncio de las nuevas medidas cuadra con la temporada alta, dicen. Doforno y Rivas repelieron cualquier tipo de 'criminalización' de los trabajadores por tomar la decisión de retomar las reivindicaciones, defendieron su 'probada responsabilidad profesional' y recordaron una desconvocatoria el año pasado 'como gesto responsable', a pesar de los servicios mínimos abusivos que les han sido impuestos en otras ocasiones.
Tras la declaración de nulidad del acuerdo firmado entre los sindicatos CIG y UGT -afines a nacionalistas y socialistas- en el pasado mes de marzo por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, CC.OO. y CSIF han intensificado sus reivindicaciones. Las cuatro cabeceras, según Doforno, exigen sentarse de nuevo a negociar. Sus peticiones: la equiparación al personal laboral de la Xunta, pagos por nocturnidad, un cuadrante de horarios 'razonable y aceptable', y la posibilidad de tomar vacaciones y días libres en los meses de verano.
Los convocantes criticaron duramente la tendencia a la privatización del 'servicio público, sin duda, más eficaz del Estado', así como a la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (SEAGA): 'En algún momento saldrá a la luz pública lo que está pasando en el chiringuito de SEAGA, que le cuesta mucho más a los gallegos', espetaron en alusión a supuestas irregularidades en la contratación y gestión de la compañía de nuevo cuño. Doforno acusó a los políticos del BNG de 'mentirosos' por haber mudado su concepción del servicio y los calificó, sin dudarlo, de 'incompetentes' tras haberse probado la inexistencia de una trama o boicot organizado en 2006.
'Los que mandaban en el dispositivo no supieron afrontar los fuegos, sino que insultaron a otras administraciones, suspendieron convenios y criminalizaron a través de presuntas tramas urbanísticas, madereras y políticas', puntualizaron con rotundidad. Por último, el portavoz de CC.OO. recalcó que el 40 por ciento de la madera quemada sigue sin recoger, pidió más inversiones en material y menos en voluntarios y señaló que la limpieza de los bordes de los principales viales 'no deja de provocar los incendios'.
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