El Ministerio de Trabajo chino informó ayer de que, tras dos meses de operaciones para liberar a los trabajadores retenidos en condición de esclavitud en el centro del país, se ha logrado rescatar a más de 1.300 personas, en una campaña iniciada tras conocerse la situación de varias decenas de esclavos en un horno de ladrillos de Shanxi, en el norte del país.
Los datos facilitados por la agencia estatal de noticias Xinhua hablan de 1.340 liberados, de los cuales 367 sufrían algún tipo de discapacidad mental. No se dice nada, sin embargo, de cuántos de ellos eran menores, a pesar de que fue una denuncia en Internet, en la que se hablaba de "400 padres" de niños secuestrados, la que puso en alerta a la prensa local y la Policía.
Según declaraciones realizadas por Sun Baoshu, viceministro de Trabajo y Seguridad Social, en la operación abierta desde junio se han inspeccionado 277.000 hornos, minas y talleres en los que trabajaban 12,67 millones de personas.
En total, 67.000 de estos pequeños negocios, es decir, cerca de una cuarta parte, operaban sin licencia. Y la situación de 185.000 de los trabajadores era irregular, bien porque no contaban con ningún contrato o porque los propietarios no les ofrecían la cobertura social obligatoria.
La operación ha permitido arrestar a 147 personas, de las cuales algunas ya han sido juzgadas (las condenas más severas hasta el momento han sido contra el capataz y uno de los matones del primer horno ilegal ''destapado''; el capataz recibió una sentencia de cadena perpetua y el guardia de condena a muerte, después de que se probara que había matado a martillazos a uno de los trabajadores). Además, sólo en la provincia de Shanxi han sido castigados o expedientados por negligencia un total de 95 funcionarios.
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