El portavoz de Política Social del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Antonio Torres, manifestó ayer que es un "disparate" el despido del 37 por ciento de los evaluadores de discapacidad que trabajan en los centros de valoración de la Comunitat, mientras 25.000 personas están "condenadas a esperar que se les valore el grado de incapacidad".
Torres calificó de "ineficaz e incompetente" la gestión de la Conselleria de Bienestar Social y recalcó que el grupo parlamentario socialista lleva "seis años denunciando la demora en la concesión de certificados de minusvalía".
El despido de los evaluadores de discapacidad provocará, en su opinión, un "caos en septiembre" cuando entre en vigor la Ley de la Dependencia. Asimismo, remarcó que la Comunitat es la autonomía con más expedientes de valoración de discapacidad pendientes de España.
El portavoz socialista acusó al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, de "perjudicar con esta medida a más de 25.000 valencianos" y le instó a "dedicar el mismo esfuerzo que dedicó a la visita papal a la resolución de este problema".
Los socialistas "sí tenemos soluciones", aseguró, y, al respecto, propuso la creación de una plantilla que de una "respuesta efectiva" a las necesidades de la Comunitat. La Generalitat "no puede seguir poniendo parches mediante contrataciones temporales que no aportan ninguna solución definitiva", aseveró.
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