El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por UGT contra el decreto del Govern del PP que rebaja el grado de formación exigido al personal que trabaja en residencias de ancianos.
El decreto 10/2007 de 16 de febrero, que modifica otro anterior, recoge en su artículo tres que "cuando las empresas no puedan cubrir las plantillas mínimas porque no haya personal que cumpla los requerimientos de los artículos anteriores, podrán cubrirse, durante un plazo máximo de un año, con personal que acredite una formación mínima de 200 horas".
Competencia del Estado
El sindicato considera que la Administración autonómica no es competente para crear una "nueva modalidad de contratación", ya que ésta es una potestad exclusiva del Ejecutivo central y se remite al artículo 149 de la Constitución española.
Por otro lado, UGT considera que el nuevo decreto modificado precariza la situación laboral del colectivo de trabajadores de las residencias para mayores, "una parte de las cuales son ya consideradas las galeras del siglo XXI".
El problema, explicaron fuentes del sindicato, es que los convenios colectivos de muchas de estas empresas son "malos" y "se suelen incumplir" y las condiciones de trabajo son tan pésimas que ningún trabajador cualificado quiere ocupar los puestos ofertados por las residencias de ancianos, que se ven con dificultades para cubrir todos los turnos con el personal suficiente.
Con el decreto actual, que según el sindicato únicamente favorece al empresariado, lo que se logra es reducir la preparación exigida a los empleados con el único objetivo de tener un mayor mercado laboral disponible y, de paso, disminuir los sueldos de los empleados.
Con individuos que tienen 200 horas de formación se cubren puestos para los que, en realidad, hace falta una titulación de dos años, indicaron responsables del sindicato.
Situación de indefensión
UGT considera que los más perjudicados con este decreto son las mujeres, que son el tipo de trabajador más habitual en las residencias para mayores, y también inmigrantes que no han podido acceder a una titulación.
Para el sindicato, con este decreto bajará también la calidad asistencial a los ancianos. Según indicaron representantes de esta agrupación, se puede dar el caso de que personas no cualificadas sean las encargadas de dar la medicación a los usuarios.
Esta circunstancia coloca a los empleados en situación de "indefensión jurídica" porque se les carga de una responsabilidad para la cual no han sido formados, lo que, en caso de incidente, puede llevarles ante los tribunales.
Desde UGT recordaron que ya existen antecedentes en los tribunales de trabajadores que han sido considerados culpables por haber asumido funciones que no les correspondían por el grado de formación del que disponían.
El sindicato añade que este decreto afecta negativamente al colectivo de gericultores de las islas, que ronda los 1.500 profesionales.
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