El coordinador de los servicios técnicos de la UAGR, Constantino Gil, aseguró que "los agricultores no son responsables del 'efecto llamada' que produce la vendimia" y culpó de la existencia de mafias que explotan a temporeros a unos 14.000 cultivadores de vid que no se dedican de forma exclusiva al campo.
Este responsable de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR) explicó que "los agricultores son muy conscientes de los riesgos que supone contratar a trabajadores de forma irregular, que puede acarrear sanciones mínimas de 6.000 euros por cada temporero no comunitario".
Según Gil, la vendimia tiene unas características muy particulares en La Rioja, ya que suele ser muy intensiva, dura sólo dos meses, pero tiene escasa duración en cada explotación, lo que hace difícil planificar la contratación de los trabajadores.
En La Rioja hay unas 42.000 hectáreas de viñedo (62.000 en toda la Denominación, si se incluye Navarra y Álava), con 20.000 viticultores reconocidos por el Consejo Regulador. Sin embargo, sólo 5.000 agricultores riojanos cotizan en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, y de éstos, el 70 por ciento tienen viñas.
Según estos datos, hay unas 14.000 personas que tienen otra ocupación laboral y no se dedican a tiempo completo a la agricultura, pero poseen viñedos que en otoño hay que vendimiar. Para este portavoz de la UAGR, "no es lo mismo la planificación de la vendimia que hacen estas personas a los viticultores, que difícilmente se la juegan con las contrataciones".
Según el convenio agropecuario vigente, el agricultor tiene que abonar 7,11 euros por hora al trabajador, pagar otros 8 euros de Seguridad Social y proporcionarle un alojamiento digno y manutención. Gil consideró "fundamental" una mayor coordinación entre administraciones, ya que es "necesario" que organismos estatales como Extranjería y Seguridad Social colaboren con el Servicio Riojano de Empleo e intercambien información.
También reclamó que se agilicen los trámites y las gestiones que tienen que hacer los agricultores, lo que supondría "una mejora de la calidad en el proceso productivo". En su opinión, "existe un agravio comparativo con otras comunidades autónomas limítrofes, en especial en cuanto al alojamiento al temporero, que sí se produce en Navarra, Aragón y Cataluña, con la construcción de albergues colectivos o la concesión de ayudas económicas para alojamientos individuales".
Por otro lado, las entidades locales también tienen que colaborar, ya que hay pueblos como Cenicero, Fuenmayor, Navarrete, San Asensio, Abalos, Briones o Briñas, cuya economía se sustenta en el monocultivo de la viña, pero no incluyen partidas de su presupuesto para mejorar las condiciones de los trabajadores. Rechazó que vayan a trabajar en la vendimia unos 30.000 temporeros, como sostienen algunos sindicatos, aunque sí se puede producir esa cifra de contratos, pero los trabajadores se desplazan por las distintas zonas de la Denominación.
Además, se ha comenzado a extender la vendimia mecánica, con la extensión del emparrado en La Rioja Baja, por lo que se ha reducido la mano de obra que requiere la viña en vaso. Gil también exigió un mayor control de la Inspección de Trabajo, ya que los agricultores no son capaces de distinguir si un permiso de trabajo está falsificado.Las mafias que explotan a temporeros, principalmente portugueses, traen engañados desde allí a los trabajadores, y lamentó que apenas el 20 por ciento de las contrataciones regulares se tramite en origen.
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