El histórico sindicalismo chileno está despertando de su letargo, tras diecisiete años de democracia y gobiernos de centroizquierda en Chile. Los disturbios y los centenares de detenidos que ayer hubo en todo el país son la imagen negativa de una jornada de protestas, pero no debe menospreciarse el debate y los consensos que generó la convocatoria realizada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) contra el neoliberalismo y para reclamar salarios justos.
Nose trató de una huelga general, sino de un cúmulo de pequeñas protestas y manifestaciones, que habían sido calificadas por la CUT como la mayor jornada de movilización laboral desde la dictadura del general Pinochet. Médicos, profesores y estudiantes se unieron a trabajadores de otros sectores para salir a la calle u organizar acciones puntuales de protesta. Pero los bocinazos de los coches en seguida dieron paso a los previsibles disturbios que se habían larvado durante los días anteriores.
Los dirigentes sindicales habían lanzado un pulso al gobierno de Michelle Bachelet, que había prohibido las manifestaciones en la Alameda y alrededor del palacio de La Moneda. Sin embargo, los convocantes trataron de avanzar por la principal arteria de Santiago, lo que provocó la severa actuación de la policía. Un senador del Partido Socialista (PS), Alejandro Navarro, fue herido con una porra policial en la cabeza, cuando trataba de mediar para manifestarse ordenadamente. "Creo que fue un error no haber autorizado la marcha por la Alameda", dijo Navarro, sangrando, tras ser agredido. "El Gobierno no le puede temer a los trabajadores", remarcó el senador, quien pertenece al mismo partido que Bachelet.
Una paradoja, ya que la cúpula del PS apoyaba las protestas, mientras que el Gobierno trataba de descalificarlas. Este desencuentro pone en evidencia la debilidad de las políticas sociales que Bachelet dice abanderar, y que incluso ha trasladado como lema – "cohesión social"- a la Cumbre Iberoamericana de la que será anfitriona el próximo mes de noviembre en Santiago.
La realidad es que muchos trabajadores chilenos aún cobran el salario mínimo, que ronda los 200 euros, pese a que el país ha experimentado un crecimiento económico espectacular, y los beneficios de las empresas locales no han cesado de crecer. En términos relativos, la brecha entre los ingresos de ricos y pobres de Chile es una de las más acentuadas del continente.
La movilización de ayer busca presionar a Bachelet, quien la semana pasada creó una comisión de expertos para disminuir la brecha social. La presidenta se vio obligada a hacer ese gesto a petición de la conferencia episcopal chilena, cuyo presidente, Alejandro Goic, abrió la caja de Pandora al abogar públicamente por un "sueldo ético".
Los comentarios están cerrados.