En esta sentido, el secretario regional de COAG, Apolonio Moreno, señaló que «no entendemos porqué a ciudadanos que tienen derecho a circular libremente por Europa les negamos el derecho al trabajo, que es el más necesitado para ellos».
A su juicio, la imposibilidad de «dar de alta» libremente a estos trabajadores favorece la proliferación de asentamientos irregulares de trabajadores extranjeros en la región.
Por su parte, desde la Unión de Pequeños Agricultores, Felipe Martínez también apostó por que esta moratoria se quite» y se comprometió a colaborar «para normalizar la situación de mucha mano de obra en la próxima vendimia».
El presidente de Asaja Toledo, Manuel Juárez, que representó a la patronal agraria en la reunión celebrada ayer con la consejera de Trabajo, señaló que «en el campo no podemos decir con tres meses de antelación cuándo necesitamos a los trabajadores». Para apoyar su afirmación, recordó el caso de los municipios afectados por las tormentas del pasado mayo, donde se han tenido que dar de baja «a más de 1.000 trabajadores».
En este punto, señaló que «nosotros no pagamos a nadie menos de lo que estipula el convenio del campo, no nos aprovechamos de nadie y, en algunos casos, le pagamos más, ya que les damos vivienda».
«Que nadie entienda las cosas al revés, queremos tener a todos los trabajadores legalizados, pero es ahora cuando el Gobierno tiene que mandar a la Guardia Civil, no en la vendimia», apuntó. Y es que, añadió, «es ahora cuando nos roban los tubos y el cobre».
Por su parte, la consejera de Trabajo, María Luz Rodríguez, afirmó que el Gobierno regional «no puede consentir» la contratación irregular de inmigrantes en el campo.
En este sentido, indicó que, ya se está actuando de forma coordinada con el Gobierno de España, para no permitir que, contando con cauces legales, haya trabajadores en situación irregular por dos motivos: «porque se debe cumplir la legalidad vigente y para preservar los intereses de nuestros agricultores y empresarios que cumplen con la ley, ya que se trata de una competencia desleal».
UGT. UGT exigió ayer a la Administración regional y a las organizaciones agrarias que muestren su apoyo a los inspectores de trabajo que se dedican a controlar la correcta contratación de trabajadores extranjeros.
UGT, mediante un comunicado, salió al paso a las declaraciones efectuadas el pasado martes por el secretario general de Asaja, José María Fresneda, quien criticó que la Inspección de Trabajo actúe cuando las cuadrillas están trabajando en el campo y no cuando los inmigrantes aún no han sido contratados.
El sindicato recuerda el compromiso firmado en el ámbito estatal por UGT, CCOO, Asaja, UPA y COAG para condenar cualquier coacción contra estos trabajadores y para solicitar a las Administraciones que los apoyen.
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