El Ayuntamiento ha sido condenado en los tribunales por contratar a una trabajadora de las escuelas taller con una categoría laboral inferior a la que realmente desempeñaba. Otra trabajadora ha iniciado acciones legales por el mismo motivo. El PP, que ayer desveló estos dos casos, sostiene que se trata de una práctica generalizada en las escuelas taller municipales, con lo que el gobierno local se ahorra parte de los salarios de estos trabajadores. La edil popular Dorinda García reprocha al gobierno de Paz Fernández Felgueroso esta «precariedad y desigualdad» con sus trabajadoras.
La concejala del PP Dorinda García desveló ayer la existencia de, al menos, dos pleitos contra el Ayuntamiento de Gijón por realizar contratos irregulares a trabajadores de las escuelas taller, uno de los programas de empleo municipales. La irregularidad consiste en que el Ayuntamiento firma con los trabajadores contratos con categorías profesionales por debajo de las que luego desempeñan en realidad, con lo que se ahorra una parte importante de los sueldos. El PP sostiene que ese modo de actuación del gobierno local es generalizado en las escuelas taller, si bien sólo ha tenido conocimiento hasta ahora de dos reclamaciones.
Una de éstas ya pasó por los juzgados y dio lugar a una sentencia firme contra el Ayuntamiento, obligándole a abonar 7.384,38 euros a una trabajadora que contrató como monitora (un grupo D en la Administración) para hacer en realidad labores de técnico medio (un grupo B) entre julio de 2004 y julio de 2005 en el taller de empleo «Servicios a la Comunidad Educativa».
Ahora, otra trabajadora de una escuela taller reclama 2.790,41 euros por once meses de trabajo y que se le reconozca la categoría de animadora sociocultural (grupo C), cuando en su contrato figura la de monitora, que está retribuida con 230 euros menos al mes de salario.
En el primero de estos casos, la sentencia que dictó el titular del Juzgado de lo social número uno de Gijón señala que «es claro que las funciones desempeñadas por la actora, incluso según las propias bases de la convocatoria, exceden notablemente de tal definición», la de monitora, sino que «la realidad es que sus funciones han de incardinarse en las de un técnico medio».
En el segundo caso, la trabajadora presentó el pasado 28 de junio una reclamación administrativa, previa a la demanda judicial. Esta trabajadora fue contratada a través de un fichero de expertos para los programas de escuelas taller y casas de oficios de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo del Principado, en la que figura como animadora sociocultural. Sin embargo, se le hizo un contrato como monitora, pese a exigirle «el requisito indispensable de su titulación», que no se requeriría en el caso de hacer labores de monitora.
Precariedad
Dorinda García concluyó ante estos hechos que el Ayuntamiento sólo practica políticas de igualdad en el empleo de palabra y no respecto a sus propios trabajadores. Los dos que desveló ayer «no son casos aislados, porque hay más trabajadores en esta misma situación», recalcó la edil popular.
Ante estos hechos, se preguntó «¿cuáles son las políticas de empleo e igualdad del Ayuntamiento de Gijón? Son políticas teóricas. En la práctica hay una vulneración de derechos, precariedad en el trabajo y desigualdad de sus trabajadores».
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