Los representantes sindicales de UGT, CCOO y CSIT han firmado ayer lunes con el consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, las bases para el desarrollo de un acuerdo marco que pretende modernizar la función pública. El primer documento rubricado da "respuesta "inmediata", según Prada, a la próxima entrada en vigor de la Ley de desarrollo del Estatuto Básico de la Función Pública mientras que el segundo es una declaración de principios para la reforma de la función pública en la Comunidad.
Todos los firmantes han calificado el acto de "muy importante" porque con él sindicatos y Administración vuelven a la situación de diálogo y negociación perdida. Las medidas adoptadas en el acuerdo, que afectarán a 160.000 empleados públicos es un "desarrollo de incentivos" que se centra en las políticas de motivación laboral para los empleados, von la creación de un modelo de carretera administrativa y la potenciación de la promoción profesional.
Además, según Prada, el documento se basa también en el incremento de los niveles de formación, presencial y virtualmente, y en el impulso de las políticas de conciliación de la vida familiar y profesional. En este sentido el consejero ha explicado que la vida familiar no debe ser un obstáculo ni un elemento encubierto de discriminación de la mujer, por lo que se van desarrollar los programas de actuación necesarios para mejorar la tramitación de permisos, licencias, excedencias o compensaciones económicas. No ha obviado destacar la voluntad de las partes por llegar a este acuerdo "que representa un modelo de comportamiento público basado en el diálogo".
Emilio García, del sindicato CSIT, ha calificado el documento de "ambicioso y amplio" y ha prometido al Gobierno de Esperanza Aguirre "lealtad" en estos cuatro años", mientras su compañero de CCOO, Francisco García Suárez, ha recordado que ésto no es un acuerdo cerrado sino "sólo las líneas de trabajo" para que, el próximo 15 de octubre, pueda estar listo "un acuerdo general para los funcionarios públicos". "Ponemos sobre la mesa -ha dicho- una negociación hasta ahora inexistente, que tendrá epígrafes importantes en salud laboral, conciliación de la vida personal y profesional o para la puesta en marcha de un plan de pensiones para los funcionarios".
Por su parte Juan Luis Sierra, de UGT, ha destacado que todos los compromisos rubricados ayer fijan las bases para articular la negociación colectiva en la Comunidad de una forma más moderna, ya que la Administración regional tiene aún mecanismos "similares a los tiempos en que éramos 35.000", y no los 160.000 actuales. También ha recordado el compromiso de la Comunidad para desarrollar, a través de una ley, el Estatuto Básico del Empleado Público o la apuesta por la calidad y estabilidad del empleo, por el desarrollo de sistemas para establecer una carrera profesional y promoción interna o por la ordenación y distribución del capital humano.
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