La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, apostó ayer por el "diálogo" entre las distintas administraciones para el desarrollo normativo del Estatuto Básico del Empleado Público, que "tiene que ser pausado". Su "despliegue no tiene por qué producirse al tiempo en todos los ámbitos", indicó, recalcando la importancia de que se realice a través del "trabajo en común" y el "intercambio de experiencias".
Por ello, Salgado consideró de especial relevancia la Conferencia Sectorial y la Comisión de Coordinación del Empleo Público, unos órganos contemplados en el Estatuto Básico, según recordó en la inauguración del seminario 'El desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), acompañada del rector, Salvador Ordóñez; el delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez; el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, y la directora del curso Elisenda Malaret i García.
Además, la ministra subrayó que el Estatuto establece "un marco de flexibilidad" para su "adaptación a la diversidad de las normas que van a ir aprobando las comunidades autónomas". Esa diversidad, dijo, "debe acogerse con toda naturalidad porque va a ser compatible con la legislación básica" en el "interés de todos de evitar conflicto".
Así, la ministra hizo referencia a "la distribución territorial del poder político", la "flexibilidad" del marco común "para dar cabida a las necesidades de las organizaciones territoriales" y al hecho de que precisamente la Administración del Gobierno central "es la que menos empleados públicos tiene", como principios que han dirigido el diseño del Estatuto Básico desde la premisa de "no imponer" un modelo cerrado.
Ahora, este instrumento se tendrá que "adaptar a las peculiaridades de cada administración" y será "desarrollado por leyes de función pública de las comunidades autónomas y del Estado", recalcó, considerando que este proceso será "una oportunidad para pensar y rediseñar el modelo de función pública que la sociedad requiere".
En este sentido, Salgado hizo referencia a los cambios que la sociedad española está afrontando, como "los sistemas de autogobierno", mediante los que "el sistema jerárquico se está sustituyendo por una organización reticular" y "más cooperativa que tutelada", los efectos de "la globalización y la sociedad de la información", la aparición "de nuevos servicios público" y las demandas de los ciudadanos, que son cada vez más "exigentes".
Por ello, y después de que "el primer gobierno socialista" diseñara un modelo de empleo público "que ha pervivido más de 20 años", es el momento de "entre todos conseguir una administración más moderna, ágil y más adaptada a las necesidades actuales", en la que prime "una mejor gestión del factor humano".
"Nuestro país es diferente y corresponde que nuestra Administración también sea distinta", reiteró la ministra, que abogó por "invertir en inteligencia" y fomentar la "formación continua" porque las Administraciones Públicas han de "ganar en productividad y credibilidad".
Así, Salgado esperó "contar con la colaboración de todos", de "las otras administraciones, pero también de las "organizaciones sindicales, los expertos y todos los empleados públicos", en el desarrollo de "la norma que va a cambiar la administración pública" de España.
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