Agentes de la Guardia Civil y miembros de la Inspección de Trabajo en Extremadura intensificarán los controles y la vigilancia en los asentamientos de rumanos e inmigrantes ilegales en la zona de Tierra de Barros y en los lugares donde se "sospecha que se contrata mano de obra de forma irregular".
Así lo indicó la delegada del Gobierno en la región, Carmen Pereira, en declaraciones a los medios momentos después de mantener un encuentro con el alcalde de Santa Marta, Jorge Vázquez, localidad de la comarca más afectada por esta problemática y en la que ya se pueden contabilizar cerca de 1.500 rumanos asentados en terrenos privados. En dicha reunión también participaron miembros de la Guardia Civil.
Los contactos entre alcaldes afectados y la Subdelegación del Gobierno se iniciaron en el pasado mes de agosto, cuando el crecimiento de estos asentamientos comenzó a ser "preocupante", motivados en su mayoría por "un efecto llamada ante las próximas campañas de vendimia y recogida de ajos y aceitunas de la comarca".
La delegada recordó que en la actualidad hay asentamientos de este tipo en diez localidades de la provincia de Badajoz, siendo el más grande de ellos el de Santa Marta, que serán controlados todos ellos por guardias civiles e inspectores de trabajo.
MORATORIA
Pereira señaló que estos asentamientos no pueden ser desalojados de forma policial si no es con la previa autorización judicial, ya que éstos se encuentran en terrenos privados, un proceso que ya se había iniciado con la pertinente apertura de expedientes administrativos de desahucio, explicó.
Además, estos ciudadanos, en su mayoría de origen rumano, se encuentran en situación ilegal, al ser contratados por "algunos empresarios agrícolas" sin contar con los requisitos establecidos por la moratoria del Gobierno central sobre la contratación de estos ciudadanos de Rumania, que tiene una vigencia de dos años.
Los ciudadanos rumanos cuentan con "plenitud de derechos" al ser miembros de la UE, pero esta moratoria, que cuenta con el apoyo de los agentes sociales, económicos y sindicales, en materia laboral les considera como a cualquier otro de fuera del ámbito comunitario, por lo que su situación es de "ilegalidad laboral".
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
Tanto el alcalde de Santa Marta como la delegada del Gobierno coincidieron en señalar que esta situación esta provocando "problemas de convivencia y pequeños hurtos para comer" en la localidad, motivados en su mayoría por "el estilo de vida nómada al que están acostumbrados" los ciudadanos rumanos.
Así, matizó el alcalde, varios de los hosteleros ya han procedido a la contratación de vigilancia privada para garantizar la seguridad de sus locales, y se comienzan a dar problemas de higiene y salubridad en las calles y los propios asentamientos.
Jorge Vázquez añadió que estos ciudadanos conocen la normativa nacional y autonómica, de forma que son conscientes de que las penas por sus "hurtos" son pequeñas, lo que está provocando "una situación desastrosa en el día a día con intimidaciones a los vecinos" para obtener dinero, y de ahí su "satisfacción" por las medidas adoptadas desde la Delegación del Gobierno.
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