La reforma de las políticas destinadas a formar a los parados, el cambio del papel institucional de sindicatos y patronales y una nueva regulación del empleo doméstico forman parte de la apretada agenda que el Ministerio de Trabajo abordará antes de que acabe 2007.
Otros asuntos a tratar son el conseguir que las empresas actúen con criterios sociales y medioambientales, hacer más operativo el despido objetivo o establecer planes especiales para los mayores de 55 años expulsados del mercado laboral. La negociación de la mayoría de estas materias entre Gobierno, patronales y sindicatos está pendiente y comprometida desde que se inició la legislatura.
En julio de 2004, el presidente Rodríguez Zapatero y los líderes de CEOE, CEPYME, CCOO y UGT firmaron, con rango de gran acontecimiento,“una declaración para el diálogo social”, una especie de documento-programa que recogía materias, orientaciones y fines para una nueva etapa de entendimiento. El temario era muy amplio, abarcaba múltiples escenarios.
El año pasado la reforma laboral consensuada vio la luz y derivado de este acuerdo las partes se comprometieron a cambiar las políticas de promoción de empleo, destinadas a formar a los parados (Escuelas Taller, Casas de Oficio, cursos de formación, etc.) y que movilizan anualmente millones de euros. El Ministerio insiste en que son programas obsoletos, propios de los años 80, cuando la tasa de paro era del 20%. No se descarta que las nuevas medidas traten de manera especial a los desempleados mayores de 55 años.
Despido y financiación
También vinculado a la reforma laboral, Trabajo apuesta por poner encima de la mesa de negociación el despido objetivo (basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción), aplicado en los expedientes de regulación. Los dirigentes del Ministerio mantienen que es una modalidad de ruptura laboral utilizada inadecuadamente, entre otras circunstancias porque provoca cierta conflictividad interna.
Respecto a la revisión del papel institucional de las principales organizaciones empresariales y sindicales, el Gobierno defiende la elaboración de una “norma de ordenación, profundización y extensión”, que recoja nuevas reglas participativas y evite lagunas. Los cambios conllevarán variar la financiación de patronales y sindicatos. La declaración de 2004 reflejaba la necesidad de reforzar la función de los interlocutores sociales, al mismo tiempo que reconocía su papel como “portadores de intereses dignos de tutela” con “relevancia constitucional”.
En cuanto a la nueva regulación del servicio doméstico, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social tiene bastante adelantado su plan. Apuesta porque la mitad de los afiliados al Régimen Especial de Empleados de Hogar integren el General como ‘cuidadores profesionales’ de personas que no pueden valerse por sí mismas.
El paso del otro 50% de estos trabajadores se hará con tiempo suficiente para no provocar situaciones inasumibles por los empleadores y una vez incorporados al Régimen General conservarán peculiaridades.
Buen hacer
Por otro lado, ya está anunciado que antes de que termine la legislatura habrá un Consejo Estatal, de carácter consultivo, para impulsar “el buen hacer” de las empresas. Todos los interlocutores se muestran conscientes de que el concepto de “responsabilidad social empresarial” todavía es desconocido en España, pero apuestan por establecer políticas que permitan la adaptación del sistema productivo y de organización empresarial a un crecimiento respetuoso con el medio ambiente, capaz de generar riqueza sin profundizar en discriminaciones ni desigualdades.
En consecuencia, el último cuatrimestre de 2007 se presenta muy atareado para el Ministerio y las organizaciones empresariales y sindicales. Sus responsables desean negociar con discreción, casi en secreto, sin que la marcha de las conversaciones se conozca públicamente hasta que haya resultados. Todo indica que uno de los primeros acuerdos será el relativo a la responsabilidad social empresarial.
Elisa García
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