Doscientos mil empleos están en peligro a causa de la caída en la construcción de vivienda

Ayer, el «Pulsímetro Inmobiliario» del Instituto de Práctica Empresarial avanzó que este año se comenzarán 100.000 viviendas menos que en el ejercicio anterior y, por métodos de cálculo completamente distintos a los de Seopan, llegaba a la conclusión de que «por cada diez viviendas que se dejan de construir, al menos veinte personas deben buscar otro empleo», según expuso el director del área de investigación del IPE, José Antonio Pérez.
El mismo dato presentado de dos formas distintas, con el agravante de que el IPE calcula que este año se comenzarán 623.886 viviendas en nuestro país, frente a las 724.389 del pasado ejercicio, con lo que las cien mil viviendas menos ya están sobre la mesa.
No obstante, tanto Pérez como el director general del IPE, Marcial Bellido, negaron que el efecto vaya a ser inmediato. «Una cosa son las viviendas iniciadas estadísticamente y otra cosa la realidad, que debe medirse por las viviendas terminadas y esta variable tardará aún un año en reflejar la caída», sostienen ambos, aunque matizan que «los datos de desempleo del mes de agosto ya dieron un aviso serio».
También coinciden en sus cálculos con la filosofía que mantiene Seopan desde hace ya años, consistente en que para paliar el negativo efecto que tiene sobre el empleo la reducción de la actividad de construcción residencial será necesario un esfuerzo de inversión en obra civil.
El estudio del IPE consigue apuntar una cifra contundente: «por cada diez viviendas que se dejan de construir hace falta un millón de euros de inversión en infraestructuras para mantener el nivel de empleo en el sector de la construcción». El problema, como reconocen tanto el IPE como Seopan, es que se ha perdido mucho tiempo y los planes de obra pública no salen a la luz de la noche a la mañana, ya que tienen un tiempo de gestación que impide que su puesta en marcha sea inmediata.
En este sentido, se recuerda en el sector constructor la propuesta de Seopan para la promoción de infraestructuras por parte de las empresas privadas aplicando métodos de financiación que permitieran al Estado diferir los pagos.
En la pasada primavera, el recientemente fallecido Enrique Aldama subrayaba que «los fondos comunitarios se acaban y lo que no se ponga en marcha ya corre riesgo de retrasarse al menos quince años. Por eso es necesario dar más protagonismo a los mecanismos de financiación mixtos entre el sector público y el privado, que están previstos en el PEIT pero no se aplican con la intensidad que se debiera».
En esta misma línea, los responsables del IPE se lamentan que los años de bonanza no hayan sido utilizados para promover un cambio en la estructura del PIB español, demasiado dependiente de la construcción y en particular de la edificación residencial. «Ningún sector económico ha cogido el relevo y tenemos lo que tenemos, un clima envidiable y una costa atractiva para el resto de Europa, pero no se ha hecho demasiado ni por salvaguardar este valor, ni por preparar a la economía para los años de menor ritmo constructor que tenían que llegar», subrayan.
«Anuncios electoralistas»
Incluso, van un poco más allá al señalar que «los anuncios electoralistas que se están produciendo crean incluso más incertidumbre sobre el sector inmobiliario y el mercado se paraliza aún más».
Por ello, Bellido se mostró partidario de «una terapia de choque» porque en su opinión «hay psicosis de crisis y lo que era un ajuste natural entre oferta y demanda y un cambio de ciclo se ha convertido en algo mucho peor porque la vivienda se ha utilizado para «hacer bandera» por parte de los políticos, que están distorsionando el mercado con sus anuncios».