Los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando; y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, han suscrito un protocolo marco para fomentar la lucha contra la siniestralidad laboral.
Su objetivo es establecer mecanismos de cooperación para garantizar la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y para la ejecución de las sentencias condenatorias. Entre otras acciones, el protocolo se propone cumplir las siguientes:
Agilizar la detección de los accidentes de trabajo graves y mejorar la coordinación de los agentes implicados en la investigación de los mismos.
Facilitar la labor del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción para identificar desde el primer momento los supuestos penalmente relevantes.
Fomentar la persecución penal de los delitos de riesgo por infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.
Mejorar la comunicación entre la Justicia y los órganos administrativos.
Facilitar a los jueces y fiscales la investigación de la titularidad mercantil, para evitar que los administradores de las empresas puedan eludir sus responsabilidades.
El texto, servirá, además, de referencia para la firma de convenios con las distintas Comunidades Autónomas, que tienen competencias en materias sanitaria y laboral.
Según lo dispuesto en el protocolo, el Ministerio del Interior organizará jornadas técnicas de formación, con la participación de expertos de las administraciones firmantes, para actualizar y completar los conocimientos de los miembros de la Policía Judicial en materias relacionadas con la investigación de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores.
El convenio establece, además, la creación de una comisión de seguimiento, compuesta por cuatro personas, una por cada una de las administraciones firmantes (Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado). Sus funciones serán evaluar el funcionamiento del protocolo, elaborar un informe anual sobre su cumplimiento y proponer modificaciones que puedan aumentar su eficacia.
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