Los fiscales responsables de combatir la explotación de trabajo análogo a la esclavitud en Brasil han decidido suspender sus operaciones a partir del lunes en protesta por lo que consideraron presiones políticas de algunos parlamentarios para favorecer a hacendados.
La decisión fue confirmada ayer por la secretaria de inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo, Ruth Vilela, quien se quejó de que algunos senadores vienen presionando a los fiscales por supuestas exageraciones en operativos en haciendas de la Amazonía.
El llamado Grupo Móvil de Fiscalización del Ministerio de Trabajo fue creado en 1995 para realizar operativos en haciendas aisladas en las que hay indicios de trabajo esclavo.
El Grupo ha liberado hasta hoy a cerca de 23.405 personas que eran obligadas a trabajar en condiciones inhumanas.
El Grupo también ha abierto 15.888 procesos contra empleadores acusados de explotar a trabajadores e impuesto multas por unos 30,4 millones de reales (unos 15 millones de dólares al cambio de hoy).
Su principal área de actuación son las haciendas aisladas en la Amazonía, en donde algunos hacendados obligan a los peones a trabajar en condiciones análogas a la esclavitud.
En algunos casos esas personas tienen que trabajar apenas para pagar los alimentos que les ofrecen los empleadores y son forzados por hombres armados a realizar extensas jornadas de trabajo.
En otros casos tienen que trabajar en condiciones infrahumanas y son obligados a alojarse en campamentos sin condiciones higiénicas y en los que no cuentan con agua potable.
Las presiones de los congresistas comenzaron en julio cuando los fiscales hicieron un operativo en una hacienda de la empresa Pará Pastoril y Agrícola en Ulianópolis, municipio del estado amazónico de Pará, dedicada a la producción de caña de azúcar.
En los últimos meses Brasil ha sido acusado en varios foros internacionales de promover la producción de etanol de caña de azúcar cultivada en haciendas en las que los trabajadores son sometidos a tratos inhumanos.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido criticado por varios sectores del país después de que, en su reciente visita a España para promover el etanol, asegurara que el trabajo en los cañaverales era menos duro que en las minas de carbón.
En la hacienda fiscalizada fueron encontrados 1.108 trabajadores que eran obligados a permanecer en instalaciones poco higiénicas, a bañarse en un lago al que lanzaban basuras y a beber agua sin tratamiento.
Los propietarios de la empresa fueron sancionados con una multa de 1,8 millones de reales (unos 900.000 dólares).
La operación fue cuestionada por un grupo de parlamentarios que viajó a la hacienda encabezado por la senadora Katia Abreu, una parlamentaria que se ha caracterizado por defender en el Congreso los intereses de los grandes propietarios rurales.
La comisión parlamentaria alegó que los fiscales habían exagerado en sus labores y pidió que la Policía Federal investigase los supuestos excesos.
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