Más de medio millón de profesionales españoles sienten que su futuro laboral fuera de nuestras fronteras está sembrado de incertidumbre. O en el mejor de los casos, temen que les resulte mucho más difícil que a otros establecerse y ejercer su actividad en un país europeo. Tales dificultades les han sobrevenido a miles de biólogos, físicos, geólogos, psicólogos, sociólogos, administradores de fincas, delineantes, pedagogos, politólogos, peritos mercantiles, diplomados en ciencias empresariales y trabajadores sociales, que se muestran preocupados por el riesgo de quedar fuera del mercado comunitario.
Sus temores han surgido a raíz de la transposición al ordenamiento jurídico español de una directiva europea sobre cualificaciones profesionales, que tiene por objetivo facilitar la libre circulación de profesionales en todos los países miembros de la Unión Europea. En el fondo, la norma comunitaria viene a poner orden, en un única disposición, sobre los distintos sistemas de reconocimiento de las profesiones reguladas que se han sucedido a lo largo de los años.
Las profesiones reguladas son aquellas cuya competencia profesional no viene determinada por un título sino por una licencia administrativa, que se otorga tras cumplir una serie de requisitos. Estos pueden ser los contenidos específicos de los estudios que conducen al título, el cual habilita para ejercer con unas determinadas atribuciones, e incluso una prueba de aptitud. No obstante, no todos los países europeos tienen profesiones reguladas por ley.
Entre otras ventajas, la directiva permite la homologación de títulos de forma casi automática. «Será más fácil y rápido», explica el presidente del Colegio de Psicólogos de Madrid, Fernando Chacón. «Ahora es un proceso lento porque se tarda unos dos años», añade.
Pero al incorporar esta directiva al sistema español se ha reabierto un intenso debate sobre el futuro de algunas profesiones. Para adaptarse a lo que exige Europa, el Gobierno perfila un real decreto que incorpora un listado de profesiones reguladas en España, a las cuales, por tanto, se les facilitará la libertad de movimientos por la UE, que es en definitiva el objetivo que persigue la normativa comunitaria.
En total, figuran 115 profesiones. Desde abogado, arquitecto e ingeniero aeronáutico a otras como buzo, capitán de pesca, decorador y detective privado. Y es en esa clasificación donde no aparecen las doce profesiones anteriormente mencionadas. Es decir, el Gobierno, por el momento, no las considera profesiones reguladas y, por tanto, «no tendrán un reconocimiento, no accederán a una homologación rápida y no se facilitará su movilidad en Europa», como explica Gonzalo Murquiz, portavoz de Unión Profesional, una organización que aglutina a más de mil colegios profesionales.
«De primera y segunda»
Esa opinión es compartida por el presidente de los psicólogos de Madrid, quien indica que este decreto lo que hace es «diferenciar entre profesionales de primera y de segunda». Chacón incluso apunta la posibilidad de que los vecinos europeos puedan exigir requisitos, como un periodo de prácticas o una prueba de aptitud, para otorgar un reconocimiento a profesiones no consideradas en España reguladas.
Sin embargo, algunas de las que ahora no figuran sí estaban incluidas como «reguladas» en el listado del real decreto de 1991, lo que no significa que su regulación se haya producido por ley sino que fueron calificadas como tal por acuerdo con los colegios profesionales, según fuentes jurídicas consultadas por ABC. Por ejemplo, en aquel listado de 1991 sí aparecían psicólogos, biólogos, físicos, geólogos, trabajadores sociales y diplomados en ciencias empresariales.
Y es en este punto donde se ha dado la voz de alarma: por qué desde 1991 eran consideradas profesiones reguladas y ahora han sido excluidas de esa condición. Una paradoja que el Gobierno todavía puede resolver antes del 20 de octubre, cuando debe entrar en vigor la directiva europea.
http://www.abc.es/20070924/sociedad-sociedad/medio-millon-profesionales-temen_200709240807.html
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