El Gobierno ha rechazado, en dos ocasiones, una solicitud del Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, para que se dote de una documentación a los inmigrantes irregulares que no se puede expulsar, según cuenta el diario El País .
Miles de inmigrantes que han entrado en España de manera irregular, en la actualidad, se encuentran en esta circunstancia y no se le puede expulsar porque no se conoce su país de origen.
Tras pasar 40 días en los centros de internamiento para extranjeros, son liberados y se quedan en España, sin más documentación que una resolución administrativa de expulsión, que no les permite ni trabajar ni regularizarse.
El Gobierno justifica su negativa diciendo que si adopta esta medida convertiría a estos extranjeros en 'residentes' y animaría a las mafias que trafican con personas. El Defensor del Pueblo, por su parte, cree que la medida es una buena alternativa a la situación actual.
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