El Partido Popular y el PSOE coinciden en la pretensión de que el Gobierno implante un procedimiento interno de control de las becas y subvenciones recibidas por los diferentes grupos y organizaciones que componen el Consejo Económico y Social (CES), de manera que se garantice un seguimiento pormenorizado sobre la aplicación de los fondos concedidos.
Según consta en las propuestas de resolución de ambos grupos sobre el informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la tesorería del CES correspondiente al ejercicio 2004, que mañana se debate en el Senado, se busca establecer una regulación específica que garantice el uso correcto de los caudales públicos, atendiendo al trabajo específico realizado por cada una de las entidades y grupos que componen el organismo.
En este sentido, el PSOE quiere que el Gobierno ajuste normativamente la "auténtica naturaleza jurídica de las compensaciones económicas recibidas" de modo que se contemple su tratamiento en el marco del que se produce en otras instituciones con una finalidad similar.
CESIÓN DE LA SEDE
Por su parte, el Partido Popular recoge la recomendación del Tribunal de Cuentas para que el Gobierno estudie la posibilidad de que el edificio que alberga al Consejo, la antigua sede del diario 'Pueblo', sea adscrito o cedido formalmente a esta entidad por la Administración General del Estado, que es la titular del mismo.
Además, quiere que se elabore un plan de tesorería que permita optimizar la gestión de los excedentes de liquidez de la entidad, "mejorando su rentabilidad".
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