Después de tres años y medio de instrucción, ha comenzado el juicio por el conocido "caso de mobbing" -acoso moral y psicológico en el trabajo- contra el que fuera presidente de la Diputación de Huelva y actual alcalde de Valverde, José Cejudo.
El edil está acusado por la Fiscalía, junto a uno de sus colaboradores en el Gobierno provincial, Francisco Sánchez, de un delito contra la integridad moral y otro de prevaricación cuando todavía estaba al frente de la Diputación.
Todo comenzó a principios de 2001 después de que el denunciante, el que fuera jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación, Francisco M. V., apoyara las protestas de los trabajadores de este servicio y transmitiera su descontento a Francisco Sánchez.
Desde entonces, en palabras de la Fiscalía, los acusados se pusieron de acuerdo para llevar a cabo una campaña con el único objetivo de atentar contra la estima personal y profesional del jefe de Arquitectura que acabó con la baja médica por síndrome depresivo.
Ceses y expedientes
El primer caso fue en el municipio que gobierna Cejudo. El ex jefe de Arquitectura y Urbanismo redactó un proyecto de saneamiento en Valverde, que dirigió hasta que fue cesado por Francisco Sánchez. Éste le exigió que informara sobre las obras y ese mismo día le contestó sobre el desarrollo del proyecto.
Sin embargo, el ex diputado dio parte sobre ciertas actitudes de Francisco M. V. como retrasos en la entrega de informes y presuntas modificaciones del proyecto inicial. En base a estas acusaciones, Cejudo le abrió un expediente disciplinario por "abuso de autoridad" que fue declarado nulo por un juez.
A estos se le unieron otros ceses injustificados y expedientes a los que se sumó, además, el impago de un reportaje fotográfico encargado por Francisco Sánchez.
Éste también denegó la asistencia a cursos de formación al empleado de la Diputación sugiriéndole que fuera durante los días de permiso.
Como consecuencia de estos hechos, Francisco M. V. obtuvo la baja médica por síndrome depresivo reactivo y tuvo que asistir a terapia para superarlo. Los acusados se enfrentan a penas de entre dos y tres años de cárcel.
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