Veintiún afectados por el expediente de regulación de empleo (Ere) de Proinserga, S. A., tanto de la fábrica de piensos de Fuentepelayo como de las granjas de genética y las oficinas de la calle Almira de Segovia, han impugnado ante el Juzgado de lo Mercantil las cartas en las que se les comunicaba la extinción de sus contratos y el contenido del Ere.
El principal argumento que esgrimen es precisamente que la extinción de los contratos es contraria al espíritu de la ley, que prevé suspensiones temporales en casos de crisis hasta que esta se solventa, pero no la ruptura total de su vínculo con la empresa.
En su caso, como en el de los 121 afectados por el Ere de Primayor Elaborados (la 'choricera'), lo que se establece es una extinción laboral, aunque con un periodo transitorio de tres meses de suspensión.
Para los afectados de Proinserga, S. A. la dureza de las condiciones impuestas es equiparable a las de una compañía en situación de quiebra y solo recaen sobre los trabajadores.
En este sentido, señalan que la crisis no tiene ninguna consecuencia ni sobre la empresa y sus bienes de altísimo valor, ni sobre los directivos, consejeros y socios que la han conducido a esta situación.
'Se van de rositas y eluden todas sus responsabilidades haciendo recaer sobre nosotros las consecuencias', se lamenta uno de los afectados, quien señala que 'en los últimos años Proinserga se dedicaba más a la ingeniería financiera que a la ganadería'.
Para mayor decepción, han constatado que el aval de 10 millones de euros concedida por la Junta de Castilla y León al grupo Proinserga no ha servido para mantener el empleo sino para que se solventen parte de unas deudas, 'que en el 70 por ciento son internas, entre la empresa y sus socios y viceversa, o sea, las de los responsables de la situación'.
Además, Proinserga, S. A., ni siquiera hace frente con esa ayuda a sus indemnizaciones, ya que han sido fijadas en el mínimo que establece la ley de 20 días por año trabajado hasta el tope de un año íntegro, de las que se hace cargo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
'El dinero público está siendo utilizado para parchear una pésima gestión empresarial, no para mantener el empleo. Por eso, nos sentimos doblemente engañados, como contribuyentes y como afectados por el Ere', afirma este trabajador, quien sostiene que la consejera de Agricultura 'ha sido engañada, pues no se cumple lo que se le prometió respecto del mantenimiento del empleo'.
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