El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se comprometió ayer en el Senado a dar prioridad "absoluta" a las acciones dirigidas a promover e incentivar el empleo para las personas con discapacidad.
En la sesión de control en la Cámara Alta, en respuesta a una pregunta de la senadora de la Entesa María Burgués sobre la aplicación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), Caldera dijo que casi 50.000 personas con discapacidad continúan hoy beneficiándose de esta ley, que distribuye ayudas por una cuantía anual de 80.000 millones de euros.
Recordó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero desde el principio de la legislatura ha impulsado políticas sobre las personas con discapacidad, encaminadas a conseguir de modo efectivo la no discriminación, la plena igualdad de oportunidades y derechos, así como la eliminación de barreras de cualquier tipo.
Desde la constitución del Consejo Nacional de la Discapacidad hasta la aprobación de la Ley de Dependencia, precisó el ministro, las medidas demuestran que la voluntad del Gobierno socialista ha sido "muy firme". "Nunca hubo una producción legislativa tan intensa para favorecer los derechos de las personas con discapacidad, cómo en estos años", sentenció.
Y añadió que su departamento se ha comprometido junto con los interlocutores sociales a dar prioridad absoluta a las acciones dirigidas a promover e incentivar el empleo para las personas con discapacidad como la vía más "efectiva" de normalización y de inserción social.
Caldera recordó que la LISMI, en el año 1982, supuso el primer paso en la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad y también se detuvo en la aprobación de la ley de pensiones no contributivas, en el año 1990, que superó el conjunto de prestaciones de la LISMI, ambas, dijo, se aprobaron en un período de mandato socialista.
Los derechos que se han ido consolidando, desde entonces, y hasta ahora mediante leyes, "han ido generando espacios en los que la palabra discapacidad, de manera semejante al texto de la Convención que el año pasado suscribió España, describe únicamente una situación física y jamás una forma de discriminación. En ello seguirá trabajando cada segundo y cada minuto mi Gobierno con nuevas medidas en favor de las personas con discapacidad", prometió Caldera.
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