El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonó 242,1 millones de euros en prestaciones en los ocho primeros meses del año, lo que supone un incremento del 21,7% respecto al mismo periodo de 2006, según datos del Ministerio de Trabajo recogidos por Europa Press.
Del total abonado hasta agosto, 94,3 millones de euros correspondieron al pago de salarios, y 147,7 millones al pago de indemnizaciones, con crecimientos del 19% y del 23,5% sobre los ocho primeros meses de 2006.
Con la reforma laboral acordada por el Gobierno y los agentes sociales, la protección a los trabajadores dispensada por el Fogasa se ha visto mejorada, incluyéndose entre las indemnizaciones que abona este Fondo algunas situaciones que antes no estaban protegidas y elevándose las cuantías hasta entonces vigentes.
Aunque con carácter general la reforma laboral inició su vigencia el 1 de julio de 2006, la nueva regulación de las prestaciones e indemnizaciones del Fogasa entró en vigor el 15 de junio de ese mismo año, un día después de que se publicara la reforma en el BOE. Hasta el 31 de agosto de 2007, el Fogasa resolvió 25.265 expedientes, que afectaron a 47.735 trabajadores, un 9,7% menos que en los ocho primeros meses del año pasado.
La mayor parte de los expedientes resueltos por el Fogasa entre enero y agosto fueron motivados por insolvencia de la empresa, con 17.002 casos. El resto se repartieron entre quiebras, suspensión de pagos, concursos, despidos colectivos y extinción del contrato por causas objetivas, entre otros.
Por actividades empresariales, destacan el número de expedientes resueltos en otras actividades sociales y servicios prestados a la comunidad (8.369), así como construcción (4.623) y comercio y reparación de vehículos de motor (2.729).
CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA, A LA CABEZA.
Cataluña y Comunidad Valenciana concentraron buena parte de los pagos realizados por el Fogasa hasta agosto. Así, en Cataluña se resolvieron 5.349 expedientes que supusieron el desembolso de 68,8 millones de euros, mientras en la Comunidad Valenciana se abonaron 46,1 millones correspondientes a 4.304 expedientes.
Por detrás figuran País Vasco (23,5 millones de euros), Madrid (21,8 millones), Andalucía (16,6 millones), Castilla y León (9,9 millones), Castilla-La Mancha (9,4 millones), Canarias (7,9 millones), Galicia (7,4 millones), Aragón (6,9 millones), Murcia (5,2 millones), Asturias (4,01 millones), y Baleares (3,9 millones).
A continuación figuran Navarra (3,6 millones), Cantabria (2,7 millones), Extremadura (2,2 millones), La Rioja (1,2 millones) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que sumaron entre ambas 25.767 euros.
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