De hecho, los trabajadores de la Gerencia mostraban ayer a primera hora de la mañana su repulsa ante esta decisión tomada desde el Ayuntamiento. Durante una hora aproximadamente -desde las 8.14 hasta las 9.10 horas- se concentraron en plena plaza del Arenal, ante las puertas de Urbanismo, acompañados de los representantes sindicales de CGT, colectivo mayoritario dentro del comité de empresa tras las elecciones celebradas el martes. Y es que la mayoría se siente intranquila ante esta nueva situación.
Es una etapa de cambios que no ha hecho más que empezar, ya que el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, aseguró ayer que «hay que tener en cuenta que la situación de la Gerencia es realmente grave. Económicamente nos hemos encontrado ante una deuda de 77 millones de euros a acreedores y cada mes hay que pagar en nóminas un millón de euros. Por ello, hemos puesto en marcha una serie de medidas dentro de la GMU».
Entre ellas se encuentra también «una reducción del volumen de altos cargos que tiene este organismo. La estructura de la GMU tenía, cuando yo me incorporé como delegado, un volumen de 50 altos cargos con sueldos importantes. Ante esto, ahora mismo estamos estudiando el cierre de una estructura que reduce ese volumen a la mitad, lo que supondría un ahorro importante en sueldos», aseveró el representante municipal.
En cuanto al «cese de las relaciones laborales» con los 17 trabajadores de la Gerencia, el delegado de Presidencia, Casto Sánchez, quiso recalcar que «ésta es una media que a ningún Gobierno le gusta adoptar. No obstante, es una excepción, no es la regla. Hemos tomado una decisión que a nadie le agrada en Urbanismo, la situación en este área era muy difícil. La GMU ha tenido un crecimiento desproporcionado en los últimos cuatro años. Su plantilla se ha incrementado un 75% y nos hemos visto obligados a hacer estos reajustes».
A pesar de las palabras lanzadas por Casto Sánchez donde se pretendía tranquilizar a la plantilla del Ayuntamiento, el propio delegado de Urbanismo reconoció ayer que «no puedo decir si se prescindirá o no de más trabajadores. De momento, ésta es una medida excepcional y de necesidad y será el Gobierno local quien tendrá que tomar medidas conjuntas de optimización».
Asimismo, tanto Sánchez como Crisol subrayaron que «el Comité de Empresa fue informado de estas medidas. Me reuní con ellos el pasado lunes y les trasladé la necesidad de tomar determinadas decisiones. El martes hubo elecciones sindicales y el miércoles me reuní con el Comité, que aún no se ha constituido pero sí elegido y les trasladé el mismo mensaje», en palabras del propio Juan Pedro Crisol. Una afirmación que desde CGT insisten en que «no es real». «El delegado de Urbanismo se reunió con el viejo comité de empresa, pero con el que se ha elegido recientemente en las urnas no. De hecho, esta misma mañana (por ayer) la alcaldesa se ha entrevistado con CC OO y no ha atendido a los representantes de CGT, que son los que tienen mayor representación en el Comité y entre los que se encuentra el próximo presidente del mismo. Así que están mintiendo», sentenció el secretario de comunicación de CGT, José Antonio Sánchez.
Con todo ello, hay que destacar que desde la GMU se asegura que «el conjunto de actuaciones que se van a poner en marcha «supondrá un ahorro de 2,7 millones de euros». Es decir, con estas medidas se ahorran 2.738.782,07 euros anuales: 521.031,67 de ahorro del fin de contratos eventuales; 1.212.645,67 euros del cese de directivos; y 1.005.104,73 euros en trasladados.
Por otro lado, es importante añadir que, según ha podido conocer este medio, varios trabajadores de la Delegación de Movilidad y Seguridad se encuentran en una delicada situación, ya que sus contratos se encuentran en el punto de mira del Consistorio.
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