20 de septiembre de 2024
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Un Estudio publicado por la revista del Ministerio de Industria pide abaratar el despido y un sólo contrato indefinido

Un Estudio publicado por la revista del Ministerio de Industria pide abaratar el despido y un sólo contrato indefinido

La escasa flexibilidad del mercado de trabajo en España se resolvería instaurando un único contrato de trabajo, indefinido, con un coste de despido más bajo, de veinte días por año trabajado, que reduciría también el margen para negociar con las empresas, según un estudio.

El informe, publicado en la revista de Información Comercial Española (ICE) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, asegura que el mercado laboral español actualmente tiene 'demasiadas' figuras contractuales y excesivos costes asociados al despido de los trabajadores.

Esa 'heterogeneidad' provoca que las compañías, cuando tienen problemas, despidan a los trabajadores teniendo en cuenta a qué miembros de la plantilla es más barato despedir en lugar de atender a criterios de productividad y eficiencia.

Por ello, este contrato 'único' podría ser, según el estudio, una solución para que el mundo laboral español sea más flexible.

A ello habría que añadir la restricción de que no se pudiese mejorar el coste de despido a través de los convenios colectivos, asegura el informe 'La protección al empleo en España: evolución y consecuencias'.

El documento asevera, además, que el despido de un trabajador suele tener un coste 'sustancialmente' mayor que la simple indemnización, porque estos procesos suelen acabar en los tribunales, con el gasto que esto conlleva.

Sin embargo, mientras que para los trabajadores el desembolso 'es cercano a cero' porque los sindicatos suelen representarles gratuitamente, las empresas habitualmente acarrean con el coste del proceso judicial, por lo que son éstas las que 'siempre resultan penalizadas'.

Además, el sistema judicial, señala el texto, suele ser favorable al trabajador en el setenta por ciento de los casos, por lo que muchos empresarios alegan causas de despido ajenas a las verdaderas razones para asumir menores costes.

Así, las empresas pueden echar a un trabajador por causas disciplinarias cuando los motivos son otros, lo que genera litigios por razones 'puramente estratégicas' que, según el artículo, sólo deberían producirse cuando haya una 'discrepancia genuina' entre los agentes.

Para no favorecer que el trabajador acuda a los tribunales en los citados casos, el informe propone que si éste pierde el juicio asuma una parte de los costes, como sucede en Reino Unido, o bien pierda los salarios de tramitación.

El artículo alerta también sobre el 'indeseable' subsidio de desempleo, que crea 'perversos' incentivos para que las empresas y los trabajadores negocien de forma privada despidos encubiertos que aseguran al empleado el cobro del subsidio, aunque éste deje su puesto voluntariamente.

Esta práctica, indica el informe, no supone costes para las compañías, pero genera una 'importante' ineficacia' que favorece que los trabajadores, aún pudiendo volver a trabajar, 'abusen' de los beneficios del sistema.

Para acabar con esta situación, el estudio propone reformar el sistema de pagos a la Seguridad Social y, al igual que en Estados Unidos, hacer que una parte o todas las contribuciones anuales de una empresa a la Seguridad Social dependan del número de trabajadores que esa compañía haya despedido durante el año.

El documento también critica que España se sitúe 'a la cola de la Unión Europea' en lo que respecta al gasto 'per cápita' en políticas de empleo, lo que provoca una 'importante depreciación' del capital humano.

Además, considera que los programas de los Servicios Públicos de Empleo suelen ser 'insuficientes' porque no dan prioridad a los cursos de formación para trabajadores cualificados, que aumentan 'sustancialmente' la probabilidad de encontrar trabajo, por encima de los cursos más generalistas.

Por último, el artículo propone una reforma del sistema de pensiones, de modo que se transforme en un sistema de capitalización privado, en el que el trabajador pague a la Seguridad Social parte de su salario y elija un fondo de pensiones privado que gestione el dinero.

Este modelo de capitalización, matiza el informe, también podría ser público, de forma que sea el Estado quien administre los fondos.

Aunque estos modelos permitirían tasas de rendimiento superiores, el estudio alerta sobre la posibilidad de quiebra de los fondos y de los costes que conllevaría la transformación del sistema de pensiones.

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