Las empresas de trabajo temporal (ETT) seguirán alejadas de los organismos públicos. Una maniobra de última hora en el Senado ha impedido abrir la veda para que las administraciones puedan contratar personal a través de esas empresas. La ley de contratos del sector público aprobada en el Congreso contemplaba esta posibilidad por una enmienda que introdujo CiU. Otra de Entesa (agrupa a los partidos catalanes de izquierda) ha conseguido frenarla.
Con la legislación actual, las administraciones sólo pueden recurrir a las empresas de trabajo temporal para realizar encuestas o tomas de datos eventuales durante un máximo de seis meses. Tienen la posibilidad, eso sí, de contratar temporalmente, aunque sin intermediarios. La nueva ley planteaba ampliar esos supuestos a cualquier situación en la que "se acredite debidamente la insuficiencia" de la entidad pública que contrata. Con la enmienda de Entesa, aprobada por PSOE, PNV, Coalición Canaria y Grupo Mixto, se vuelve al supuesto inicial. "Lo otro podía crear problemas con los funcionarios y generar precariedad", explica la senadora socialista Lidia Redondo.
Esa pretendida ampliación de competencias a las empresas de trabajo temporal provocó inquietud en los sindicatos. El responsable de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, envió una carta al grupo socialista para que tratase de rectificar el texto del Congreso. Sólo el PP y CiU se opusieron.
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