El Gobierno es partidario de establecer fórmulas para introducir "racionalidad" en los sueldos de los cargos públicos, especialmente de los alcaldes, pero no impulsará ninguna reforma legislativa en este sentido si antes no se alcanza un acuerdo tanto entre los partidos políticos como en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Así lo asegura el Ejecutivo en la respuesta parlamentaria que ha remitido a la diputada del PP Maria Dolores Pan, quien pidió al Gobierno que se pronunciase sobre la posible regulación por ley de los salarios de alcaldes y concejales.
En su contestación, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo admite que es "razonable" aplicar mecanismos para "introducir racionalidad en un asunto tan sensible política y socialmente como el de las retribuciones de los cargos públicos".
No obstante, deja claro que "con carácter previo a acometer una reforma en este sentido", será necesario que se logre un consenso sobre la materia tanto entre las distintas fuerzas políticas como en la FEMP.
En este sentido, el Gobierno recuerda que, según la Ley de Bases del Régimen Local son las corporaciones municipales las que fijas las retribuciones e indemnizaciones de los ediles, quienes sólo cobrarán cuando desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva.
YA HAY UN MANDATO DEL CONGRESO
Precisamente, el pasado 26 de septiembre el Congreso emplazó al Gobierno a promover un pacto de estas características para regular con criterios objetivos los sueldos de los cargos públicos de ámbito local y provincial y poner coto a unos "escándalos" que dañan la imagen de los responsables políticos municipales.
En concreto, fue la Comisión de Administraciones Públicas de la Cámara Baja la que aprobó casi por unanimidad (con la única abstención de CiU y ERC) una proposición no de ley promovida por el grupo parlamentario de IU-ICV y pactada con el PSOE y el PP.
Conforme a la redacción final de la iniciativa, el Congreso instó al Gobierno a "impulsar un acuerdo entre las fuerzas políticas y en la FEMP con el fin de que, garantizando la autonomía local, se establezca un marco de retribuciones de los cargos públicos locales".
Se añadía además que ese marco retributivo deberá responder a "criterios objetivos tales como población, presupuesto o la situación financiera municipal" y que, en su caso, podrá incorporarse al proyecto de ley de nuevo Gobierno local.
En el debate, todos los portavoces coincidieron en la necesidad de frenar 'escándalos' de subidas de sueldo desproporcionadas que dañan a todo el colectivo de alcaldes y presidentes de diputación.
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