La reforma de la Seguridad Social que se tramita en la actualidad en el Senado, y que previsiblemente verá la luz antes de fin de año, limitará la capacidad omnímoda que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene para retirar la cobertura económica a un trabajador que lleve doce meses de baja. Así se pretende poner coto al desaguisado creado por una normativa, aplicada desde el pasado año, que ha condenado a miles de asalariados al limbo de la protección social y que amenaza a todos los enfermos de larga duración.
Euskadi es una de las tres autonomías con mayor gasto medio por trabajador de baja debido a una enfermedad: 276 euros al año por afiliado frente a los 206 del conjunto de España. Por este motivo, la Seguridad Social aplica desde el pasado 15 de diciembre en los territorios vascos un sistema de control que pretende frenar los abusos que, según el organismo, se producen. Para ello, ha conferido a sus órganos competentes la capacidad de revisar cómo están los enfermos cuando llevan un año de baja, con el fin de iniciar el expediente de invalidez, prorrogar por seis meses su situación o retirarles la prestación económica -dar de alta a efectos económicos, según su terminología-.
La legislación ha provocado que en el tiempo de vigencia de la normativa decenas de personas se hayan quedado sin cobertura económica, cuando «realmente» no pueden trabajar, en opinión de Pilar Collantes, responsable de acción sindical de UGT de Euskadi. Si el problema lo sufre un trabajador de la Administración -ya se ha registrado algún caso-, ésta puede darle una cobertura permitiendo otras fórmulas de trabajo. Pero si ocurre en una empresa privada, el afectado se queda sin cobrar, es decir, pasa a una especie de limbo de la protección social del que no sabe cómo va a ser rescatado.
Malestar de Osakidetza (servicio vasco de salud)
Se ha dado la circunstancia de que algunos de estos trabajadores han tenido que pactar un despido con su empresa para poder cobrar el desempleo, ante la falta de ingresos.
La potestad del INSS ha generado duras críticas por parte de los servicios de Inspección de Osakidetza, organismo encargado en Euskadi de garantizar la asistencia sanitaria. Se trata de una de las múltiples reformas llevadas a cabo para controlar las bajas de enfermedad con el objetivo de reducir el gasto que finalmente han dado resultados limitados. De hecho, el gasto sigue creciendo a ritmos anuales que van del 5 al 14,5% en los últimos cinco años, mucho más que el crecimiento del empleo.
El desembolso del INSS por incapacidad temporal supuso el pasado año casi 3.500 millones de euros, cifra superior en un 71,33% a la de 2000, pese a que en 2006 sólo creció en un 4,33%. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en ese periodo en el 23,45% -4,27% en 2006-
En el País Vasco, el gasto creció en los últimos seis años en un 64,22% y alcanzó los 257,841 millones, tras aumentar sólo un 3% en el último ejercicio. Sin embargo, la subida de la afiliación ha estado claramente por debajo de las cifras nacionales, al hacerlo en un 16,36% desde 2000, y en un 2,79% en los citados periodos, lo que ha incrementado el gasto por trabajador.
Reforma incompleta
La reforma prevista no varía la capacidad del INSS en esta materia, pero es más garantista que la anterior al establecer la posibilidad de presentar un recurso de disconformidad por parte del afectado ante la inspección médica del servicio público de salud. Ésta, a su vez, podrá recurrir ante el INSS, que en un plazo máximo de 18 días naturales desde la primera comunicación enviada por el asalariado resolverá el asunto pero con la obligación de aportar «pruebas complementarias» que fundamenten el mantenimiento de su decisión si decide dar el «alta económica»
El problema se alivia pero queda sin resolver, denuncian los sindicatos, que defienden que sean los médicos del servicio público de salud, los de Osakidetza, los que tengan la última palabra hasta que el trabajador pase a la situación de invalidez.
Además, denuncia Collantes, al empleado sólo se le da un plazo de cuatro días «naturales» para expresar su disconformidad, una vez conocido el pronunciamiento del INSS, lo que le deja en una situación muy precaria y con poco margen de maniobra si se le comunica en viernes o en víspera de un puente. Hay especialistas que sostienen -inspectores médicos entre ellos-, que el origen del incremento del gasto en bajas laborales está relacionado con la distancia cada vez más grande que existe entre quien toma la decisión de dar la baja al trabajador -en casos de enfermedad común, el servicio autonómico de salud correspondiente- y quien corre con el gasto de esa decisión, el INSS. Y diversas fuentes aseguran que altos responsables de la Seguridad Social están convencidos de que la culpa del alto gasto que se genera en algunas comunidades autónomas, como la vasca, es del servicio de salud y de una hipotética 'manga ancha' a la hora de conceder la baja.
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